La diputada Laura Balsells Miró explicó los detalles de su iniciativa para la obtención de datos que permitan elaborar políticas a futuro. Se propone que el sector privado y el sector público ligado a la salud trabajen en conjunto.

Luego de presentar el proyecto de Ley para la creación del Observatorio Provincial de Salud Colectiva de Infancias, Adolescencias y Juventudes en la provincia de Mendoza, su autora dio detalles en el segmento En Cámara.

La iniciativa surge como respuesta a los desafíos que enfrenta la atención de la salud para infancias, adolescencias y juventudes (IAJ) en un contexto de creciente complejidad social, crisis económica y los efectos continuos de la pandemia Covid-19, según se fundamenta.

Es que según la legisladora, la contingencia que significó el avance del Covid 19 dejó en claro la necesidad de conocer las necesidades del sistema sanitario.

En este sentido es que se aboga por un enfoque interdisciplinario para abordar los desafíos y necesidades de estas poblaciones que incluyan efectores sanitarios, pero también instituciones como la Dirección general de Escuelas para recabar datos sobre la salud de niños, niñas y jóvenes.

Con la colaboración y participación de diversas entidades del sector público y privado, así como de expertos y profesionales destacados en el campo de la salud se busca garantizar la toma de decisiones informadas, el diseño de estrategias efectivas y la implementación de políticas que promuevan el bienestar y la equidad en la atención de la salud de las IAJ.

La meta es brindar una respuesta integral y sostenible a las problemáticas de salud que enfrentan las IAJ en la provincia de Mendoza mediante la coordinación de esfuerzos para establecer estrategias asertivas y garantizar una atención de calidad que promueva el bienestar y el desarrollo saludable de las futuras generaciones.

Es decir, “obtener datos, establecer un diagnóstico y proponer soluciones”, según la diputada.

El Observatorio Provincial de Salud Colectiva de Infancias, Adolescencias y Juventudes serviría para la formulación de un programa de desarrollo sustentable y sostenible que aborde las necesidades y desafíos específicos de cada grupo etario.

Entre las propuestas que incluye el texto está “realizar un censo inicial y empadronamiento de población que identifique las necesidades, su georeferenciación, definir un tablero de indicadores de vulnerabilidad y necesidades estructurales básicas. Definir coberturas de salud y social, identificación de listas de esperas, de enfermedades catastróficas, etcétera”; a la vez que “realizar un análisis del estado de la estructura, de profesiones y especialidades, de equipamiento y de herramientas de gestión”.

Por otra parte se plantea “evaluar el costo, efectividad y resultados de las políticas ejecutadas versus recursos asignados” y, si fuera necesario “rediseñar con la comunidad y en intersectorialidad las correcciones para establecer metodologías de mejora continua”.