La diputada Sandra Astudillo (UCR) dio detalles en “En Cámara” sobre su iniciativa que estipula derechos y políticas públicas para  cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, empresas recuperadas por sus trabajadores y emprendimientos autogestionados, entre otros.

La diputada explicó que se trata de una modificación a la ley Nº 8.435 de Promoción de la Economía Social y Solidaria, que tiene cerca de  10 años de aprobada.

Es que, según fundamenta “las condiciones sociales, económicas y culturales han variado considerablemente, es menester proceder a la actualización de la norma”.

En ese sentido es que se ha trabajado la iniciativa con una multiplicidad der actores sociales, incluidas instituciones que nuclean a trabajadores y emprendedores del sector.

El objeto del proyecto es determinar un “régimen provincial para las políticas públicas de promoción y desarrollo de la economía social, solidaria y popular”, entendida como el “conjunto de prácticas de producción, comercialización, distribución, financiamiento y consumo digno y responsable que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima; cuyo sentido no es el lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, trabajadoras, sus familias, comunidades y del ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”.

 “Son trabajadores y trabajadoras de la Economía Social, Solidaria y Popular quienes aportando su fuerza de trabajo realizan actividades que no sólo incluyen la producción, consumo o venta de bienes, servicios, cuidados y otros frutos del trabajo, sino también la humanización de las relaciones sociales y económicas; poseen una gestión democrática y participativa, una organización económicamente equitativa, con justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios en la organización colectiva del trabajo” se expone en la fundamentación.

Entre los “principios rectores” del texto presentado resaltan “la democracia, la equidad de género, la justicia social, la pluralidad, la interculturalidad, la economía del trabajo y la cooperación entre todos los actores involucrados”.

Un aspecto central de la propuesta de Astudillo es la creación de un directorio de Economía Social, Solidaria y Popular, como órgano asesor y consultivo, compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales, trabajadores y trabajadoras y otros actores relevantes del sector.

Además, se fija en el texto el Registro de la Economía Social, Solidaria y Popular, donde se inscribirán todas las unidades y trabajadores y trabajadoras de la E. S. S. y P. que desarrollen sus actividades en el territorio provincial, aunque la propia legisladora aclaró que ese registro está en funcionamiento actualmente.

Según el articulado “el Poder Ejecutivo Provincial promoverá y fomentará el desarrollo de la E. S. S. y P. a través de la implementación de políticas específicas, programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, y otras medidas necesarias para su fortalecimiento y crecimiento, con el objetivo de establecer mejoras continuas para las personas involucradas”.

A la vez se promueven “incentivos fiscales” para cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, empresas recuperadas por sus trabajadores, emprendimientos autogestionados, y cualquier otra forma de organización que promueva los valores y principios de la economía popular.

Además, si el proyecto se convierte en ley, se promoverá el acceso de las unidades económicas de la E. S. S. y P. a líneas de crédito preferenciales, con tasas de interés bajas y plazos adecuados, a través de convenios con entidades financieras públicas y privadas, a la vez que se  promoverá la capacitación de los trabajadores y trabajadoras en áreas técnicas y de gestión, a través de programas de formación específicos.