La diputada Stella Huczak (LUM-JxL) dio detalles en “En Cámara” sobre su iniciativa que busca adherir a la Ley Nacional 26.892, denominada "Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas". Se trata de una herramienta para abordar y prevenir el bullying y el ciberbullying en las escuelas de la provincia.
La adhesión a la Ley Nacional 26.892 propuesta por Huczak tiene como objetivo crear un entorno educativo seguro y respetuoso, libre de violencia física y psicológica.
La autora explicó que “el bullying, definido como el acoso escolar que incluye maltrato, insulto, intimidación y agresión física, es una problemática que afecta a muchos estudiantes” y que esta conducta implica un desequilibrio de poder que dificulta la defensa del acosado y se agrava con la repetición y la presencia de testigos que aprueban el maltrato.
El ciberbullying, una variante del bullying que se realiza a través de las redes sociales, amplifica el sentimiento de humillación y expande la audiencia del acoso. Las formas de maltrato pueden ser físicas, verbales y sociales, y todas ellas conllevan un componente significativo de maltrato psicológico, según fundamenta.
Pero además, la diputada sumó que, en Mendoza, los casos de bullying han mostrado un preocupante aumento en los últimos años.
“En 2021 se registraron 110 casos, cifra que aumentó a 332 en 2022 y alcanzó los 411 casos en 2023, representando un incremento del 273,6% en dos años. Estos datos subrayan la urgencia de tomar medidas efectivas para abordar esta problemática”.
Según la legisladora, si bien la provincia cuenta con la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE), que proporciona acompañamiento y orientación a los estudiantes, especialmente en casos de bullying, es esencial dotar a la comunidad educativa y a los equipos profesionales de todas las herramientas posibles para prevenir y tratar el acoso escolar.
Importancia de la adhesión
La Ley Nacional 26.892 establece principios y objetivos claros para tratar los conflictos dentro de las instituciones educativas.
Específicamente, la norma habla de “respeto a la dignidad e intimidad de las personas; reconocimiento de valores, creencias e identidades culturales; rechazo a la discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión, incluyendo el entorno virtual, uso del diálogo para resolver problemas de convivencia y del derecho del estudiante a ser escuchado y defenderse.
La ley también persigue objetivos como garantizar una convivencia pacífica, evitar la discriminación, fomentar la cultura de la paz, y promover la elaboración y revisión de normas de convivencia en las instituciones educativas. Además, establece un sistema de sanciones formativas que permita a los estudiantes hacerse responsables progresivamente de sus actos.