El diputado José Luis Ramón, del bloque de Consumidores y los Ciudadanos, dio detalles en “En Cámara” sobre su proyecto de ley que establece un régimen para promover la reparación de bienes eléctricos y electrónicos de uso doméstico en Mendoza.
La iniciativa tiene como objetivos principales reducir los residuos generados, erradicar la obsolescencia por falta de piezas o servicios y fomentar el desarrollo de pequeños comercios, talleres y emprendedores del sector.

El proyecto propone la reducción de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos al 0,5% para la venta de piezas y la prestación de servicios de reparación. Además, habilita el uso de piezas usadas, recuperadas o reconstituidas, siempre que se garantice la seguridad y funcionalidad del producto, estableciendo que esta condición debe ser informada previamente al consumidor.
En cuanto a las políticas de promoción, se prevé que la autoridad de aplicación implemente programas de capacitación, asistencia crediticia con tasas subsidiadas para PyMEs y talleres, y campañas de difusión para incentivar la reparación como opción frente al descarte. También se contempla el desarrollo de sellos de responsabilidad social y ambiental para reconocer a las empresas que operen bajo estos estándares.
La propuesta incluye medidas concretas para fortalecer la cadena de reparación, un sector que se ha visto reducido en los últimos años. Según Ramón, la reparación de electrodomésticos no solo beneficia a los consumidores al ofrecer alternativas económicas, sino que también contribuye al empleo local y al cuidado ambiental al disminuir la generación de residuos electrónicos.
El proyecto de ley, que se enmarca en la política provincial de promoción de la economía circular, será debatido en la Legislatura y busca alinear a Mendoza con las tendencias internacionales en sustentabilidad y consumo responsable.
Entre los fundamentos, el proyecto remarca la necesidad de reconstruir la red de reparación, una actividad que se ha reducido considerablemente en las últimas décadas debido a la globalización de la producción y el abaratamiento de bienes nuevos. Según Ramón, reactivar este sector implicaría no solo un beneficio económico para los consumidores, sino también una disminución en el impacto ambiental y un estímulo para el empleo local, ya que los servicios de reparación suelen ser de carácter local.
Ramón subrayó que el proyecto está alineado con las políticas internacionales de economía circular y consumo sustentable, como las aplicadas en países como Suecia y España, donde se implementaron reducciones fiscales para incentivar la reparación. En este sentido, destacó que las provincias tienen un rol clave en la adopción de medidas que promuevan la sostenibilidad, aunque también mencionó la necesidad de establecer normativas nacionales que obliguen a los fabricantes a garantizar repuestos y durabilidad mínima de los productos.
De hecho la iniciativa se complementa con “lo expuesto en la cumbre mundial de cambio climático, organizado por la O.N.U., en la sede del Parlamento de Escocia en noviembre y diciembre 2021”, de la que participó el diputado.

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