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Legisladores recibieron a la Directora de Juegos y Casino, para analizar la renegociación del contrato de tragamonedas.
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Fernando Barrigón (UCR), y los integrantes de la Comisión de Casinos, que preside Héctor Quevedo (UCR) recibieron a la directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Nidia Martini, y demás funcionarios del área para analizar la renegociación de contratos por los tragamonedas en el Casino de Mendoza.
Durante el encuentro, Martini respondió las consultas de los legisladores que giraron en torno al proceso de renegociación del contrato con el operador de las máquinas tragamonedas y la situación actual del casino oficial respecto a los privados, entre otros aspectos.
Martini, explicó que desde que asumió en el cargo el 12 de diciembre del año pasado, “la responsabilidad que me compete como funcionaria pública es la de hacer cumplir un contrato que estaba vigente y hacer todos los actos útiles para que efectivamente se cumpla y no se perjudique al Estado y no se perjudiquen los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos”.
“Según la opinión de los asesores letrados que han participado de la revisión del contrato y de lo que se puede deducir del contrato, han pasado todos los dictámenes, incluso de Fiscalía, para decir que estaba vigente ese contrato”, añadió.
En la misma línea, sostuvo que “nosotros nos encontramos con un contrato en ejecución, con una primera etapa también que ya se había pasado del canon de 26,7 al 33% “, que ahora se encuentra en la segunda etapa, en el orden del 40,9% y que prevé un canon final del 47% para el concesionario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato.
Durante el encuentro, Martini respondió las consultas de los legisladores que giraron en torno al proceso de renegociación del contrato con el operador de las máquinas tragamonedas y la situación actual del casino oficial respecto a los privados, entre otros aspectos.
Martini, explicó que desde que asumió en el cargo el 12 de diciembre del año pasado, “la responsabilidad que me compete como funcionaria pública es la de hacer cumplir un contrato que estaba vigente y hacer todos los actos útiles para que efectivamente se cumpla y no se perjudique al Estado y no se perjudiquen los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos”.
“Según la opinión de los asesores letrados que han participado de la revisión del contrato y de lo que se puede deducir del contrato, han pasado todos los dictámenes, incluso de Fiscalía, para decir que estaba vigente ese contrato”, añadió.
En la misma línea, sostuvo que “nosotros nos encontramos con un contrato en ejecución, con una primera etapa también que ya se había pasado del canon de 26,7 al 33% “, que ahora se encuentra en la segunda etapa, en el orden del 40,9% y que prevé un canon final del 47% para el concesionario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato.