{mosimage} Diputados convirtió en ley una iniciativa de Mirta Díaz (Fiscal) por la cual los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial no pueden retener boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otras establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial del alumno que registra morosidad en el pago de aranceles correspondientes.
En el artículo 2° se establece que "ningún alumno, con motivo de mora en el pago de aranceles, podrá ser
privado de la asistencia regular a todas las clases, experiencias y actividades pedagógicas e institucionales en general que conformen la currícula o plan de estudios oficial, mientras no se verifiquen las siguientes condiciones: que la falta de pago de aranceles corresponda a 3 meses consecutivos; que el padre, madre o responsable del alumno haya sido intimado en forma fehaciente a cancelar la deuda existente y que se haya asignado la vacante en los términos manifestados en esta ley".
A fin de garantizar la continuidad de los estudios, el establecimiento educativo comunicará la situación a la Dirección General de Escuelas a efectos de que ésta resuelva, a través del organismo que corresponda y en un plazo máximo de 15 días, asignación de una vacante en un establecimiento estatal de su dependencia.
La Dirección General de Escuelas aplicará las sanciones que establezca la reglamentación de la presente norma legal a aquellos establecimientos educativos que no cumplan con la presente ley. Además, la DGE previamente otorgará el derecho de defensa a las instituciones educativas denunciadas, de acuerdo a las normativas vigentes.