Presentan proyecto sobre Transparencia en la función pública

Los diputados Mariano Ficarra y Rubén Lázaro (UCR), presentaron un proyecto de ley que tiene por objeto el resguardo de la calidad institucional de los tres poderes del Estado y del derecho a la información de la ciudadanía, respecto de las condiciones de idoneidad para el acceso a la función pública, de la transparencia de los actos y del desempeño ético de la función.
Se propone en ese sentido, que los funcionarios  y candidatos a cargos electivos con posibilidades de resultar electos, desde la oficialización de las listas por la Secretaría Electoral y los efectivamente electos, durante el desempeño de su mandato, deberán ajustar su actuación a los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, respeto por las leyes, teniendo el deber especial de velar por la vigencia del ordenamiento jurídico y la calidad institucional.

Según consta en los fundamentos de la propuesta, se “intenta evitar que se privilegie el interés personal por sobre el interés público, a través de actos de corrupción, ventajas y ventas de influencias en el proceso de adopción de las decisiones, los recursos y las facilidades oficiales. A éstas  se podrán agregar la confusión del gobierno con el Estado, es decir, el manejo del Estado a través del gobierno, con fines propios del partido, la incapacidad de la ruptura de las lealtades partidarias preexistentes, la desinformación que se traduce en el ocultamiento de información a los gobernados o en la confusión por informaciones erróneas”.
Además, se establece un sistema de declaración jurada de bienes  tanto al inicio como al cese de la función, “a efectos de evaluar la evolución patrimonial, las que tendrán el carácter de públicas, disponiendo un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda conocer el contenido de la misma, y ejercer el control sobre sus representados”.
Por otra parte se propone un sistema de incompatibilidades, que “buscan asegurar la dedicación exclusiva a una función y la independencia e imparcialidad en la toma de decisiones. Las prohibiciones – también establecidas en el proyecto – tienen por objeto impedir la realización de conductas  estimadas inconvenientes”.
Finalmente, el sistema de obligaciones descripto, “busca asegurar no sólo que los funcionarios cumplan de la mejor manera posible sus funciones, sino que posean la idoneidad que le garantice a la ciudadanía la legitimidad de origen para el acceso a la función pública”.

Cel. Dip. Ficarra: 156 046256
Cel. Dip. Lázaro:  156 046264