Continúan analizando excepciones a la ley de obra pública provincial
El presidente Tanús presentó modificaciones al proyecto del Ejecutivo
{mosimage} Se realizó una reunión plenaria de las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales, bajo la conducción del titular de la Cámara, Jorge Tanús. Estuvo acompañado por los titulares de las comisiones mencionadas, Hugo Morales, Juan Antonio Gantus y Raúl Millán, respectivamente, y legisladores de todos los bloques políticos con representación parlamentaria.

Participaron miembros del Colegio de Arquitectos, el Consejo de Ingenieros y de la Unión Obrera de la Construcción. No concurrieron en la oportunidad de la Cámara Argentina de la Construcción. Los profesionales manifestaron su opinión sobre el tema y comprometieron a enviar por escrito las observaciones necesarias para enriquecer los aportes suficientes al respecto.
Tanús introdujo la reunión recordando que el Ejecutivo pretende modificar algunos artículos de la ley 4416 referida a la Obra Pública provincial, con el objeto de agilizar los procesos licitatorios y de contrataciones directas como así también la actualización de ciertos montos para facilitar la obra pública. De esta forma se podrán implementar ágilmente los recursos presupuestarios destinados a vivienda, hospitales y escuelas, entre otros rubros.
Cabe destacar que el Ejecutivo pretendía disponer de hasta 7 millones de pesos para contrataciones directas, luego este monto observado por la oposición fue variando.
En el proyecto presentado por Tanús se encaran modificaciones que apuntan a evitar demoras administrativas en la contratación de obras, sin resignar los controles necesarios para garantizar transparencia en los actos; asignar un monto de hasta 2 millones de pesos para licitaciones privadas y flexibilizar contratos para realizar obras complementarias a las decididas previamente, por ejemplo en escuelas y hospitales.
El monto propuesto surge de la actualización del rubro considerado como jornales mínimos y básicos del peón ayudante de la construcción de la Administración Pública, en el caso de no realizarse el trabajo por licitación sino por licitación privada según lo indica la ley 4416.
También, señaló Tanús, que se sostendrá una estricta exigencia respecto de las obligaciones del Consejo de Obras Públicas y del RACOP (Registro de Antecedentes de Obras Públicas) para que cumplan con sus funciones en tiempo y forma.
El presidente de la Cámara manifestó que de esta forma han sido atendidas las objeciones de la oposición y se ha abierto el proyecto a la discusión y participación de profesionales, empresarios y gremialistas para alcanzar el consenso necesario para aprobación de la iniciativa.
No obstante, radicales, demócratas y cobistas anticiparon su rechazo por considerar que el llamado a licitación no debería obstaculizar la realización de las obras si se realizara en el tiempo correspondiente. Como así también observaron los montos propuestos. Fueron voceros de estas posiciones los diputados Jorge Serrano y Daniel Vilches, por la UCR; Roberto Pradines (PD) y Alexander Maza y Amalia Monserrat (Confe).
El diputado Roberto Blanco (monobloque Concertación Plural) puntualizó que la propuesta de Tanús mejora el proyecto del Ejecutivo, que pretende acelerar "en tiempos de crisis" todo el proceso de la obra pública. Sin embargo, criticó la gestión administrativa que produce demoras y la intervención del RACOP para tener un control "cruzado" e impedir que empresas que no cumplen en algún Departamento provincial se traslade a otro y también perjudique a la comunidad.
Finalmente, hizo hincapié en el monto propuesto, que de 7 bajaría a 3 millones de pesos, dado que sería muy significativo para los presupuestos departamentales y daría lugar a riesgos en su instrumentación.
Arquitectos e ingenieros estuvieron de acuerdo en la búsqueda de mecanismos que permitan agilizar los procesos, en el ajuste de valores para actualizar los montos y se comprometieron a continuar trabajando junto a las comisiones mencionadas.
El representante de la UOCRA consignó que se trata de un tema excepcional por la crisis económica actual y se manifestó a favor de toda medida que resguarde la fuente laboral de los trabajadores.