Instrumento legal para mejorar controles sobre alimentos
{mosimage} Miembros de la Comisión de Economía analizaron un proyecto de ley del Ejecutivo por el cual la Dirección de Fiscalización y Control tendría competencia sobre la actividad industrial de la Provincia, incluyendo micro emprendimientos y/o artesanales, a fin de garantizar la defensa, perfeccionamiento y ordenamiento del sector. La legislación vigente data de 1936, correspondiente a la antigua Dirección de Industria. Además, otros instrumentos provinciales y nacionales dan marco legal a la intervención del
Estado sobre la elaboración y comercialización de alimentos; como así también la Ley de Defensa del Consumidor.
Presidió la reunión el titular de la Comisión, Roberto Pradines (PD) acompañado por los justicialistas Raúl Millán y Antonio Gantus; el demócrata Eugenio Dalla Cia; los radicales Daniel Vilches, Liliana Vietti y Daniel Ortiz; por el Confe, Alejandro Molero y Santiago Cazolli; del PJ unipersonal, Luis Orbelli.
Asistió el director de la repartición provincial mencionada, ingeniero Caballero, y asesora jurídica, quien justificó el proyecto desde ese punto de vista dado que considera necesario darle mayor respaldo al organismo para contrarestar reclamos de las empresas intervenidas.
La iniciativa que, de ser aprobada, deberá ser reglamentada determinando las condiciones de ingreso de la materia prima y las bromatológicas de los productos elaborados, como asimismo, las condiciones sanitarias de los establecimientos elaboradores y fraccionadotes y todo otro requisito que deban cumplir.
La Autoridad de Aplicación realizará, en el control oficial, el muestreo de los productos elaborados, semi elaborados y a granel que se encuentren en los establecimientos industriales y/o depósitos, conforme a lo establecido en el Código Alimentario Argentino y Codex Alimentarius y cualquier otra reglamentación que lo reemplace.
En el resto del articulado se detallan las atribuciones de la Dirección y características de todas las intervenciones a las cuales estará habilitada; situaciones de allanamiento y medidas precautorias o preventivas respecto del establecimiento elaborador o de sus productos. También se explicitan las sanciones a las que someterán a quienes infrinjan la ley.
Los legisladores consideraron que parte de este proyecto ya está en vigencia por normas dictadas con anterioridad y coincidieron en darle mayor respaldo jurídico al organismo y agilizar sus procedimientos para prevenir daños sobre la población.
Se comprometieron a continuar estudiando la iniciativa y compararla con normas municipales para analizar superposición de competencias. También será observado el tema ambiental en torno a la elaboración de los alimentos y el impacto que produce en el medio.