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Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley del diputado Daniel Cassia (PJ Federal) por el cual se crea la Dirección del Organismo Técnico Criminológico, que funcionará como organismo autárquico y dependerá de la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno. La sede central será en Agustín Álvarez 68, con delegaciones en San Rafael, San Martín y Valle de Uco.
Este organismo tiene como objetivo obtener sobre el interno penitenciario, un perfil de diagnóstico técnico y de asesoramiento criminológico que tienda a la disminución de la criminalidad a partir del estudio como problemática de implicancia y significación subjetiva, inter subjetiva y sociocultural.
Serán funciones de este Organismo Técnico Criminológico, estudiar el fenómeno de la criminalidad y procesos de criminalización en todos sus aspectos, causas y consecuencias, difundiendo los conocimientos sobre la materia, a través de las funciones de investigación, estadísticas y docencia.También deberá proponer lineamientos de políticas públicas que tiendan a la disminución y prevención del delito, a través del abordaje y la regulación de las condiciones que en cada momento socio histórico puedan favorecerlo.
Tendrá que cumplir las funcio0nes establecidas para el Organismo Técnico Criminológico en la legislación nacional y provincial vigentes, teniendo en cuenta el período de observación, régimen progresivo de la pena, salidas transitorias , semilibertad, libertad condicional, libertada asistida, recompensas, verificación de tratamiento y evolución en la progresividad del régimen de la pena.
Mantener actualizados los legajos personales de los internos e iniciarlo si éste no tuviera antecedentes con el objeto de mantener la historia criminológica permanentemente actualizada.
La dirección de este organismo será conducida por un director nombrado por el Poder Ejecutivo y tendrá como requisitos ser mayor de 28 años, poseer título universitario habilitante, a fin con la criminología y disciplinas penitenciarias. No deberá pertenecer al Servicio Penitenciario Provincial, con el objeto de mantener su autarquía y por así disponerlo la ley de fondo. Tener cinco años en el ejercicio de su profesión y dos en sus funciones dentro del área criminológica.
La Dirección del Organismo Técnico Criminológico tendrá una cuenta especial, cuyo cálculo de recursos será incluida anualmente en la Ley de Presupuesto. Sus erogaciones serán aplicadas exclusivamente para el cumplimiento de sus fines.
Con el objeto de cumplimentar las tareas de control asignadas a esta Institución, cada una de las Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario Provincial, deberán comunicar diariamente a la Dirección del Organismo Técnico Criminológico sobre los egresos e ingresos registrados en ella, traslados, abandonos de tratamiento, cambios en las etapas de tratamiento, sanciones.
En tanto, el Poder Ejecutivo Provincial gestionará ante las autoridades judiciales de la Nación, envié copia de las sentencias condenatorias penales ejecutoriadas, dictadas en el territorio provincial, por magistrados del fuero federal.
Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial deberá proveer, en un plazo no mayor a 120 días, de los recursos humanos y materiales para el efectivo cumplimiento de las funciones que están incorporadas en esta ley.
Este organismo tiene como objetivo obtener sobre el interno penitenciario, un perfil de diagnóstico técnico y de asesoramiento criminológico que tienda a la disminución de la criminalidad a partir del estudio como problemática de implicancia y significación subjetiva, inter subjetiva y sociocultural.
Serán funciones de este Organismo Técnico Criminológico, estudiar el fenómeno de la criminalidad y procesos de criminalización en todos sus aspectos, causas y consecuencias, difundiendo los conocimientos sobre la materia, a través de las funciones de investigación, estadísticas y docencia.También deberá proponer lineamientos de políticas públicas que tiendan a la disminución y prevención del delito, a través del abordaje y la regulación de las condiciones que en cada momento socio histórico puedan favorecerlo.
Tendrá que cumplir las funcio0nes establecidas para el Organismo Técnico Criminológico en la legislación nacional y provincial vigentes, teniendo en cuenta el período de observación, régimen progresivo de la pena, salidas transitorias , semilibertad, libertad condicional, libertada asistida, recompensas, verificación de tratamiento y evolución en la progresividad del régimen de la pena.
Mantener actualizados los legajos personales de los internos e iniciarlo si éste no tuviera antecedentes con el objeto de mantener la historia criminológica permanentemente actualizada.
La dirección de este organismo será conducida por un director nombrado por el Poder Ejecutivo y tendrá como requisitos ser mayor de 28 años, poseer título universitario habilitante, a fin con la criminología y disciplinas penitenciarias. No deberá pertenecer al Servicio Penitenciario Provincial, con el objeto de mantener su autarquía y por así disponerlo la ley de fondo. Tener cinco años en el ejercicio de su profesión y dos en sus funciones dentro del área criminológica.
La Dirección del Organismo Técnico Criminológico tendrá una cuenta especial, cuyo cálculo de recursos será incluida anualmente en la Ley de Presupuesto. Sus erogaciones serán aplicadas exclusivamente para el cumplimiento de sus fines.
Con el objeto de cumplimentar las tareas de control asignadas a esta Institución, cada una de las Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario Provincial, deberán comunicar diariamente a la Dirección del Organismo Técnico Criminológico sobre los egresos e ingresos registrados en ella, traslados, abandonos de tratamiento, cambios en las etapas de tratamiento, sanciones.
En tanto, el Poder Ejecutivo Provincial gestionará ante las autoridades judiciales de la Nación, envié copia de las sentencias condenatorias penales ejecutoriadas, dictadas en el territorio provincial, por magistrados del fuero federal.
Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial deberá proveer, en un plazo no mayor a 120 días, de los recursos humanos y materiales para el efectivo cumplimiento de las funciones que están incorporadas en esta ley.