La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de
Diputados recibió a un grupo de empleados de la empresa Petroplast Profisa Plásticos S.A., quienes plantearon una serie de conflictos con la firma, relacionados al despido de trabajadores y condiciones laborales.De la reunión, también participó el subsecretario de Programación Alimentaría y Gestión de la Calidad del Ministerio de Producción, Raúl MIllán.
Según señaló el asesor letrado del gremio Nueva Organización Sindical de los Trabajadores de la Industria del Plástico – NOSTIP -, Mario Barrasa Flores, alrededor de 43 trabajadores fueron despedidos de la fábrica desde enero de este año, sin causa. Pero además, expuso la existencia de “contratos fraudulentos”, malas condiciones de trabajo y modificación de las condiciones laborales.
Barrasa Flores, señaló que ya han realizado las presentaciones pertinentes ante la Subsecretaría de Trabajo, pero que la empresa argumenta que, como el gremio no cuenta con personería jurídica, no tiene entidad para sentarse a negociar.
Los empleados presentes durante la reunión, aseguraron que no se sienten representados por el sindicato del plástico UOIEP – Unión Obrera Industrial de Empleados del Plástico – por lo que decidieron organizar una nueva estructura gremial – NOSTIP – que ya cuenta con 134 afiliados de los 300 trabajadores que se desempeñan en esta firma del este mendocino.
Entre los puntos planteados a los legisladores, el abogado mencionó la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos desde enero hasta ahora y que la empresa los reconozca como entidad gremial para negociar en el ámbito correspondiente las modificaciones de las condiciones laborales y el pago retroactivo desde julio de 2007 a la fecha, del importe que los trabajadores habrían perdido como consecuencia del cambio en la modalidad de trabajo.
De acuerdo a lo manifestado por los empleados, el cambio en la forma habitual de trabajo ocasionó una pérdida promedio de 1.054 pesos en los salarios de cada trabajador.
Además, solicitan controles en materia de seguridad e higiene y el pago de viandas de comida y traslado de los trabajadores al lugar de trabajo, como así también, la presencia de un médico en la empresa por los accidentes de trabajo que según señalan, es del orden del 2% por millón de horas trabajadas.
Finalmente, piden el cese de los “contratos fraudulentos” o a “plazo fijo”, como puntualizó Barrasa Flores, porque aseguran que se trata de una “práctica habitual” de la empresa.
El diputado Ricardo Puga (PIM), presidente de la comisión de Derechos y Garantías, indicó al respecto que con los integrantes de la comisión realizarán gestiones ante la Subsecretaría de Trabajo para interiorizarse del conflicto y sus antecedentes en ese organismo, pero que además, pedirán controles en materia de seguridad e higiene y realizarán lo propio con el Ministerio de Infraestructura a fin de analizar soluciones que permitan a la empresa tener una apertura de su mercado para una mejor colocación de sus productos y de esa forma, promover la reincorporación del personal.
El legislador, subrayó que lo primordial es intentar resolver la situación laboral planteada pero que se necesita conocer la actuación de los organismos pertinentes para saber si efectivamente se han vulnerado los derechos de los trabajadores.
Por su parte, el subsecretario de Programación Alimentaría y Gestión de la Calidad, Raúl Millán, indicó que “desde el Ministerio de la Producción podemos ayudar desde lo productivo, a través de distintos programas que ofrezcan herramientas para poner a disposición, pero el planteo realizado, es también por otros conflictos que hay que resolver en los ámbitos que correspondan”.
Además de Ricardo Puga y el funcionario del Ejecutivo provincial, estuvieron presentes los diputados Luis Orbelli (PJ unipersonal), Silvia Cardozo (PJ), Gabriela Sánchez (PJ), Luis Petri (ConFe) y Daniel Vilches (UCR).