Hay cuatro proyectos presentados dos en Diputados y dos en el Senado.
Representantes del Foro de Periodismo Argentino – FOPEA – se reunieron con legisladores provinciales para analizar las distintas propuestas presentadas en relación al libre acceso a la información pública.
El director Ejecutivo de FOPEA, Andrés D’Alessandro y la abogada Emelina Alonso, señalaron que en Mendoza la legislación en este sentido está “demorada”, ya que no existe ni ley ni decreto que regule el acceso a la información pública.
“Mendoza está en una posición de desventaja” al respecto, por lo que el objetivo es interiorizarse “de todas las iniciativas que hay y apoyar, colaborar” para avanzar en la temática. Según expresaron la ley no debería tener trabas ni costo alguno para quien quiera solicitar información, salvo lo que implique “el soporte donde se produce esa información, como las fotocopias”.
Pero además, debería contemplar sanciones, en caso de que hayan obstáculos para acceder a esa información o se retrase la información solicitada. “Debería tener plazos concretos” y prever que se trata de un derecho “relacionado con la publicidad de los actos de gobierno, que es parte de la forma republicana de gobierno y que por tanto no tiene que haber impedimentos”.
Previo a la reunión con legisladores, los representantes de FOPEA mantuvieron un encuentro con el vicegobernador Cristian Racconto.
Al respecto, manifestaron que “es muy importante que el vicegobernador haya manifestado su interés y la relevancia que la regulación del derecho de acceso a la información tiene. Esperamos que se pueda concretar la voluntad política necesaria para reglamentar en la provincia de Mendoza este derecho que ya está vigente en nuestro país”.
En la Legislatura mendocina, hay cuatro proyectos presentados por los diputados Mirta Díaz (FISCAL), Luis Petri (ConFe) y los senadores Alejandra Naman (ARI) y Leopoldo Cairone (UCR).
La propuesta de Mirta Díaz, plantea regular un marco general de acceso a la información pública a ser aplicada en la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, de organismos, entidades, empresas, sociedades, dependientes y todo otro ente donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Pero además, alcanza a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, y a organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público provincial.
Establece por otra parte, que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información sin necesidad de acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado, en forma gratuita.
Con el mismo criterio, el proyecto de Luis Petri plantea que toda información producida u obtenida por los sujetos se presume pública, salvo que se encuentre expresamente exceptuada por la ley.
Tales casos descriptos en la propuesta son, entre otros, cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales, cuando la información esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes, o cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en la etapa de secreto.
Además, cuando pudieran afectarse el secreto comercial, bancario, industrial o la propiedad intelectual, como así también la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley 25.323, cuando corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados, o cuando su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o que resulte protegida por el secreto profesional.
El proyecto de la senadora Naman, entre otros aspectos, estipula la creación de una Comisión especial de acceso a la Información, que sería un ente autárquico y autoridad de aplicación de la norma en caso de que esta sea sancionada.
La iniciativa de Cairone establece la creación de un registro y página de Internet dónde conste el número de empleados y funcionarios públicos provinciales de “cualquiera de los poderes del Estado”.