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La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se reunió con representantes del Colegio Notarial de Mendoza para analizar, entre otros temas, los aranceles que se cobran en el ejercicio de la actividad que hoy, están desregulados.
Según indicó la titular de la comisión, Gabriela Sánchez (PJ), el objetivo era poner en conocimiento de los escribanos una media sanción del Senado que está en estudio en la comisión legislativa, por la cual se modifica la ley 5053, sobre honorarios y aranceles profesionales.
A través de esa propuesta, se establece que los notarios que actúen en jurisdicción provincial y en el ejercicio de su función pública, percibirán sus honorarios con sujeción a las normas previstas y se dispone que su aplicación “constituye un derecho irrenunciable de los notarios, y a la vez, una obligación inexcusable para ellos y para las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que requieran sus servicios”.
Aclara asimismo, que los escribanos “podrán percibir un honorario no sujeto a regulación alguna en aquellos actos en que actúen exclusivamente como profesionales del derecho para cuya prueba o eficacia jurídica no se requiera instrumento público. Los notarios podrán percibir un honorario superior, cuando las características o circunstancias del acto o su documentación notarial los justifiquen, en este caso, con la conformidad expresa del rogante”.
“Cuando el requirente de los servicios notariales acreditare un estado de indigencia evidente, o fuera jubilado, pensionado, beneficiario del sistema provisional por incapacidad de alguna índole, o adjudicatario de una vivienda social, el notario deberá atenderlo en la primera consulta de manera gratuita”, dice la media sanción.
Al mismo tiempo, se señala que la actividad fedataria o profesional de los notarios, traducida en documentos cuyos honorarios no estén establecidos por la ley, “será remunerada con el importe que resulte de la aplicación de la alícuota del 2% del monto del acto o contrato”, con un mínimo equivalente al valor de venta de 120 fojas de protocolo.
Asimismo, plantea que el escribano, podrá hacer una quita de hasta un 20 por ciento cuando el monto del acto supere el equivalente a 50 mil fojas de protocolo.
Por otra parte, se regula los honorarios en materia de poderes, asentimientos conyugales, actas de protocolización, certificaciones, documentos privados, escrituras y otras actas tales como fiscalización de sorteos o escrutinios o entrega de testamentos cerrados, entre otros.
De acuerdo a lo manifestado por los escribanos que participaron de la reunión, “hoy tenemos honorarios sugeridos, no obligatorios, por eso necesitamos una ley”.
Desde la comisión, en tanto, se comprometieron a continuar analizando el tema para lograr un despacho favorable. Pero además, indicaron que también consultarán al Colegio Notarial por otros proyectos en análisis, como la Ley de Catastro y un proyecto de autoría de Gabriela Sánchez, relacionado con los actos de autoprotección.
Participaron además de la reunión, los diputados Daniel Ortiz (UCR), Luis Petri (ConFe), Daniel Cassia (PJ Federal), Mario Casteller (PD), Antonio Spezia (PD) y Silvia Cardozo (PJ).
Por el Colegio Notarial estuvieron presentes su titular, Javier Guardiola, y los escribanos Sebastián Martínez Barón, Alicia Motta y Elizabeth Martínez.