Nuevo sistema para tratar los residuos patológicos y farmacéuticos

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Salud, Ambiente y de Hacienda de la Cámara de Diputados, se reunieron con el titular de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona, quien explicó detalles del nuevo sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patógenos y farmacéuticos, que ahora necesita el aval de la Legislatura para su puesta en marcha.
Según indicó Carmona, este nuevo sistema implica “un paso adelante en la gestión de residuos patológicos en la provincia, poniendo a Mendoza en una posición de avanzada y dando solución a un problema de vieja data”.

El procedimiento vigente no cubre a todos los generadores de residuos patológicos, quedando fuera consultorios médicos y odontológicos así como algunos centros de salud ubicados en lugares alejados, pero además, “tenemos residuos farmacéuticos que hoy no tienen ningún tratamiento salvo casos muy puntuales”.
El sistema integral propuesto, incluye a todos los generadores de residuos patogénicos y farmacéuticos, “desde el último centro de salud, hasta el último consultorio”.
Una vez recolectados, serán transportados hasta una planta de tratamiento con autoclave donde serán esterilizados y en el caso de los residuos farmacéuticos, contarán con un proceso en hornos pirolíticos que permitirá que el resultado final sea un residuo similar al urbano.
Luego van a una celda de seguridad, “más allá que no tengan peligrosidad”, destacaron los técnicos de la Secretaría.
En ese sentido, remarcaron como diferencia que en la actualidad los residuos “no están tratados”, pero además, que cada operador hoy paga una tarifa diferencial de acuerdo a ciertos factores como la distancia, que sería resuelto con el nuevo sistema que además propone una tarifa unificada.
Si bien manifestaron que comparar ambos sistemas desde el punto de vista de los costos “es difícil, por que este nuevo sistema involucra aspectos que hoy no están”, explicaron que por ejemplo, hoy la construcción de las celdas de seguridad, que tiene un costo aproximado a los 416 mil pesos, es un costo que asume el Estado.
De todas maneras, detallaron que para el generador el costo promedio actual por la totalidad del servicio es de 7 pesos por kilo de residuo, pero aclararon que se habla de promedio porque sólo el costo de transporte, varía de acuerdo al lugar de procedencia del residuo.
Así, mientras en Capital es de 3,6 pesos por kilo, en Santa Rosa se paga 10,5 pesos y en La Paz, 21 pesos.
Con el nuevo sistema, el costo total sería de 10,77 pesos por kilo, incluido el tratamiento.
En este proceso, el Estado tendrá una doble intervención. Por un lado, el Ministerio de Salud tendrá a su cargo el control de la generación, mientras que la Secretaría de Ambiente el transporte, tratamiento y disposición final. A su vez, la empresa deberá informar si hay generadores que no están registrados, como así también un generador ubicado en un lugar distante, puede exigir a la autoridad de aplicación la búsqueda del residuo que genera.
Entre las consultas formuladas por los legisladores presentes, se hizo referencia a la necesidad de solucionar también los problemas ambientales ocasionados con los cementerios y los hornos crematorios, a la vez que señalaron que sería importante no permitir que haya un solo operador en la provincia, sino que haya “competencia”, a través del llamado a licitación en el norte, sur, este y Valle de Uco, de manera tal de que no haya un precio único.
Subrayaron la necesidad de evaluar la oferta más conveniente con relación a la estructura de costos. Se respondió que se implementará una auditoría en tal sentido para actualizar el precio final por kilo de residuo. Además, al considerar la municipalización o regionalización del servicio, a mayor volumen de residuos menor será el precio final. Sería complejo pensar en la alternativa municipal, con 18 sistemas distintos de gestión y estándar de calidad sobre el impacto ambiental. Como así también la falta de recursos presupuestarios de las Comunas para encarar inversión de alta tecnología para el tratamiento de los residuos considerados peligrosos.
Agregó Carmona que el objetivo final es la solución integral al problema. En tal sentido ocupó un lugar importante en la preocupación legislativa el control de la empresa a la que se le concesionará el trabajo. El saneamiento ambiental y el resguardo de la salud de los ciudadanos deberán tener prioridad en ese control mencionado.
Ante la implementación del nuevo sistema, los diputados se interesaron por la situación laboral de los actuales transportistas, personal especializado en el traslado de residuos patogénicos, que se podrían quedar sin fuente de trabajo. Los funcionarios manifestaron que se dan otras corrientes de residuos, por lo tanto se podría reciclar el servicio que prestan actualmente con el traslado de otros.
Los legisladores también solicitaron detalles sobre los fundamentos jurídicos sobre los cuales se iniciaron procesos licitatorios y las impugnaciones correspondientes que impidieron encarar el problema.
Se informó además que el Ministerio de Salud se encargará de informar a los efectores sanitarios públicos y privados sobre el procedimiento a seguir con la implementación del nuevo sistema. Como también sobre las sanciones que se aplicarán ante el incumplimiento de la ley.