Denunció presiones de grupos económicos. Diputados girará a Fiscalía de Estado y a la justicia provincial las actas de la versión taquigráfica.
Pasado el mediodía, el Secretario General de la Gobernación, Alejand
ro Cazabán, ingresó al recinto de la Legislatura para informar sobre los casinos provinciales y el decreto del Poder Ejecutivo que establece la superficie cubierta destinada a las salas de juego.El funcionario del Ejecutivo estuvo acompañado en el hemiciclo del recinto por el subsecretario legal y técnico de la Secretaría General de la Gobernación, Fernando Mario Simón y el presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra.
Al comienzo de su exposición Cazabán agradeció la citación formulada por la Cámara de Diputados, en respuesta al proyecto de resolución presentado por el diputado Ricardo Puga (PIM). También destacó que “éste era el ámbito adecuado para dar todas las explicaciones necesarias sobre este tema”. Además afirmó que “las actividades relacionadas con el juego son encaradas por esta gestión como una herramienta para potenciar a Mendoza como plaza turística” y remarcó que el turismo genera en la provincia más de 20 mil puestos de trabajo directo y con relación a las leyes que rigen esta actividad.
Cazabán se refirió también a la ley 5775 por la cual se autoriaza la instalación de hoteles cinco estrellas con casinos. En este punto indicó que desde la vigencia de la norma se han realizados 9 acogimientos: 4 durante esta gestión y 5 en la gestión anterior. De estos 9 terminaron con la respectiva habilitación 2, uno durante el gobierno de Julio Cobos ubicado en San Rafael (Hotel y Casino Tower) y el restante -el hotel Sheraton con casino Enjoy- fue habilitado durante la gestión Celso Jaque.
El funcionario opinó sobre la instalación de casinos que “hay criterios amplios y criterios restrictivos”, pero que desde el Ejecutivo se han impulsado medidas que responden a “criterios razonables”. En este sentido puso a disposición de los legisladores la documentación referida a la creación de salas de juego en hoteles.
Según Cazabán, las medidas adoptadas por el Gobierno dan seguridad a las inversiones. “El Ejecutivo ha tomado una decisión para otorgar certeza jurídica para que las inversiones se puedan hacer en tiempo y forma”, manifestó.
En el mismo sentido declaró que el decreto 2595 “salva las imprecisiones técnicas” y “establece las áreas específicas” que se deben tener en cuenta para cumplir con la ley 5775 que determina que la superficie de las salas de juego no podrá exceder el 4% de la superficie total del establecimiento hotelero.
El secretario de la Gobernación dijo que debido a la interpretación de ese porcentaje y por “el riesgo en las inversiones futuras ya autorizadas se decidió poner fin a la incertidumbre” y aclaró que, aunque “Mendoza ha cumplido con el contrato de concesión y con la ley”, la problemática se ha “judicializado”.
“El tema no es sólo de interés público, hay intereses particulares en juego” opinó.
Alejandro Cazabán agregó además que se “niegan que se hayan cometido irregularidades” en los más de 30 expedientes administrativos iniciados bajo la ley 5775.
Según la óptica del Secretario General de la Gobernación, existen fuertes intereses económicos que provocan este obstáculo que se llevan a la justicia, por ello deja a disposición copia certificada para su análisis en la Legislatura.
A su turno, el diputado Carlos Bianchinelli, preguntó a Cazabán sobre el accionar de jueces federales, a lo que el funcionario respondió que cree que debe investigarse la acción de la jueza Olga Pura de Arrabal. En este sentido, el diputado Andrés Marín interrogó sobre si se habría pensado en juicio político a la jueza, por ello Cazabán expresó que “no se ha iniciado ningún pedido” y que la Cámara de apelaciones federal deberá expedirse, sólo después se “analizarán acciones”.
Por su parte, el diputado Ricardo Puga expresó que se han observado irregularidades en el cumplimiento de la ley 5775, por lo que solicitó respuesta a Alejandro Cazabán sobre ello. El funcionario negó “sistemática y enfáticamente irregularidades” en los expedientes administrativos que obran bajo la ley 5775 y lamentó que se le de competencia a la Corte Federal cuando las competencias son del gobernador.
Al hacer uso de la palabra nuevamente, el diputado Andrés Marín solicitó que el Secretario General de la Gobernación de mayores precisiones, con nombre y apellido, de aquellos grupos de poder interesados en que se privatice el juego en la provincia. Alejandro Cazabán explicó que “no se discute si se estima más o menos la interpretación de la ley”, sino que desde el 2008 para algunos intereses no debería haber más proyectos. A su vez, el funcionario de la Gobernación agregó que “detrás de la política de juego hay presión y extorsión que ha sufrido este gobierno” y que detrás de ello están “José Luis Manzano y Daniel Vila que tienen intereses concretos no sólo sobre esta materia sino también en servicios públicos de la provincia”.
“Estamos siendo extorsionados. Mendoza no puede ser de uno solo, Mendoza es de todos los mendocinos; y sus instituciones: la Legislatura, el Poder Ejecutivo, la Justicia, los Municipios, quienes resuelven el destino de Mendoza. Quieren quedarse con Mendoza y no lo vamos a permitir” sentenció el funcionario.
Asimismo, el Secretario General de la Gobernación manifestó que quería que quedara claro que “ese mismo día que se radicó la denuncia, el día 11 de noviembre de este año se desarrollaba en Edemsa una reunión de directorio donde se solicitaba autorización para contraer un préstamo por $60 millones. Esa reunión comenzó en la mañana y ese día también se radicó la denuncia penal. ¿Cuál es la relación? Aquí traigo la copia del acta del directorio de Edemsa porque los directores que representan al Estado Provincial en esa asamblea votaron negativamente, y a partir de ese momento las personas vinculadas con José Luis Manzano y Daniel Vila nos anunciaron que iban a caer 5 denuncias penales sobre nuestras personas. Ya llevamos 2. Una que está tramitando el Dr. Martearena y la otra acaban de pedir y acaban de ordenarse una compulsa penal en la Justicia Federal pese a audiencia judicial contra el señor Gobernador y contra mí que he firmado el decreto. Faltan 3. Que sigan viniendo”.
Sobre la mención de “presión y extorsión” los diputados Luis Petri y Andrés Marín (Con Fe) coincidieron en calificar como “muy grave” que desde el Ejecutivo no se hayan efectuado denuncias penales sobre quienes estarían ejerciendo las supuestas extorsiones. “La extorsión es una figura delictual” y “es grave que la extorsión no se haya materializado en denuncias concretas” manifestaron los diputados de Consenso Federal.
Ante esto Cazabán explicó que “hemos tomado decisiones políticas que han marcado una independencia de los grupos económicos” y además que “estamos iniciando los pasos frente a los ataques a nuestro honor que se han formulado”. “El Gobierno no está atado” finalizó.
En tanto, el diputado Raúl Vicchi (UCR) sostuvo que “el Poder Ejecutivo debía haber enviado un nuevo proyecto de ley para reformular el artículo 2 que incluye el 4%. El único camino institucional es derogar el decreto”. Indicó que la Justicia debe resolver si han existido presiones hacia el Poder Ejecutivo.
En respuesta a lo dicho por el diputado radical, Cazabán enfatizó que “en el caso particular de este tipo de extorsiones no nos han producido ningún temor, nos ha dado mayor convicción y no hemos cedido ni un ápice en nuestra decisiones”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Ing. Jorge Tanús, agradeció la presencia de los legisladores y agregó que “son los mendocinos que han votado los que deben recibir las explicaciones de la marcha del gobierno, de la gestión” lo cual hace al motivo principal del desarrollo de este debate parlamentario.
Jorge Tanús resaltó además que el debate “se haga en este ámbito que es la Legislatura y que los diputados de todos los bloques y la ciudadanía de Mendoza haya tomado conocimiento de lo dicho por el Secretario General (de la Gobernación) que tiene que enfrentar, además las dificultades propias de la administración del gobierno”.
Luego de 5 horas de exposición, por pedido de los diputados Andrés Marín (CONFE) y Daniel Cassia (PJ Federal), se redactó el contenido de una resolución que fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados. Consta de dos artículos el primero expresa que se remitan las actas de la versión taquigráfica al Asesor de Gobierno a los efectos de que dictamine sobre la legalidad del decreto 2595 y su encuadramiento en la ley 5775.
El segundo artículo indica que se gira copia certificada de las actas de la versión taquigráfica aprobada por el Cuerpo a la Justicia Provincial por las denuncias planteadas por el Secretario General de la Gobernación.
Finalmente y antes de dejar el recinto, Cazabán declaró que el Gobierno ha “actuado como creemos mejor para Mendoza y no vamos a tolerar que las presiones dobleguen las decisiones”.
En rueda de prensa, el Secretario General de la Gobernación, hizo uso de la palabra expresando que “el gobierno está muy fuerte y no habrá presión alguna que lo corra del rumbo de gobernar para todos los mendocinos” y agregó “vamos a rendir cuentas de todo como corresponde, es nuestra obligación concurrir a todos los ámbitos que nos exijan explicaciones”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Ing. Jorge Tanús expresó que “la Legislatura ha tomado una resolución que ha sido votada (por unanimidad) hace un momento y vamos a remitir todas las copias del acta de la versión taquigráfica para que el fiscal que actúe de oficio o esté de turno pueda abocarse al tema”.
Prensa Diciembre 2 – Interpelación al Sec. General de la Gobernación Alejandro Cazabán