La comisión se ocupará de una iniciativa que estipula aumentar la edad permitida para trabajar en el servicio penitenciario y otra para impl
ementar un sistema de pulseras para procesados. Podrían tener despacho la semana entrante.La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se reunió con el Subsecretario se Justicia, Sebastián Godoy Lemos, quien explicó el alcance y características de dos iniciativas del Ejecutivo.
El primer proyecto que se analizó refiere al ingreso de profesionales para trabajar y enseñar oficios en las penitenciarías y plantea modificar la legislación vigente para ampliar la edad límite a más de 35 para que el personal de carpintería, plomería, electricidad y enfermería, entre otros, pueda desempeñarse.
“No encontramos mano de obra con la experiencia y la idoneidad suficiente porque la mayoría tiene entre 35 y 40 años” dijo Godoy Lemos y agregó que, por eso, el Ejecutivo pide que se modifique la edad de ingreso y que sea la acreditación de idoneidad el requisito para desempeñarse dentro de las cárceles. La otra iniciativa plantea la utilización de un sistema de monitoreo de las personas que se encuentran en la última etapa del régimen progresivo de la pena mediante una pulsera inviolable y controlado por satélite para conocer el paradero del procesado.
“No se pretende sustituir la prisión por la libertad, sino tener mayor control; saber dónde se encuentra el individuo mientras está fuera del penal”, dijo el funcionario.
Godoy Lemos aclaró que éste no es el mismo sistema que se usó en Buenos Aires, sino que en Mendoza se utilizaría un método con GPS y telefonía móvil vinculada permanentemente con el sistema Tetra.
El diputado Luis Petri (Con Fe) expresó que “en general estamos de acuerdo” con ambos proyectos, pero consideró que el personal mayor de
35 años debe ser contratado como “medida de excepción” para “no alterar el normal desenvolvimiento de la carrera penitenciaria y que no se afecte la prestación del servicio”.“Si está debidamente acreditada la imposibilidad de contar con personal que cumpla los requisitos de la ley, pues no va a haber inconvenientes para que se incorporen en forma de excepción personas mayores de 35 años” dijo el diputado.
En relación a las pulseras, Petri consideró fundamental saber “quién, cuándo y dónde se va a realizar el monitoreo” y agregó que debe mejorarse la redacción del proyecto para que no se superponga con el Código Procesal Penal de la Provincia.
Por su parte el diputado Mario Casteller (PD) calificó de “positivos” los aportes que se le realizaron a las iniciativas desde la comisión pero aclaró que “debería haber una experiencia piloto para tener claro qué sucede” con la aplicación de los brazaletes.
“Corremos el riesgo de que el sistema falle y nos encontremos con un problema serio, mientras que con un sistema piloto detectaríamos los errores, si los tiene”, especificó el legislador.
Otro aspecto que resaltó Casteller es la necesidad de saber cuánto personal se necesita para realizar el seguimiento con las pulseras y el costo para “determinar el beneficio o no de su aplicación”.
Estuvieron presentes también la titular de la comisión Gabriela Sánchez (PJ), y los diputados Rogelio Gil (PJ), Alejandro Molero (Con Fe), Antonio Spezia (PD), Raúl Vicchi (UCR) y Daniel Cassia (PJF).
Prensa Diputados - Febrero 10 de 2010