La comisión de Derechos y Garantías, recibió al Escribano General de Gobierno, Guillermo Amaya, a quien consultó sobre el proce
dimiento llevado adelante por su área en el pago de recompensas por parte del Ministerio de Seguridad.Amaya, expresó que no se le ha dado “vistas sobre la ley de recompensas”, y que si bien cada vez que ingresa una ley al Poder Ejecutivo para su promulgación generalmente se pasa esa información a las áreas de gobierno afectadas en la normativa, en este caso – la Ley de Recompensas – no fue así.
Según explicó el presidente de la comisión, Ricardo Puga (PIM), nunca se comunicó esta ley a la Escribanía de Gobierno, por lo tanto, no se ha controlado el acta de pago de recompensas que se pudieran haber abonado.
A la vez, indicó que si bien la legislación aún no ha sido reglamentada se trata de una ley “operativa” que establece que los pagos bajo este concepto deben hacerse bajo acta del escribano. Para Puga, no se puede desconocer la existencia de la ley, pero además, Amaya no puede desconocer la obligación que le compete.
Por otra parte, el legislador indicó que los abogados que motorizaron la denuncia ante la comisión de Derechos y Garantías, Carlos Varela y Alejandro Acosta, aportaron nueva documentación al respecto.
De acuerdo a lo manifestado por el diputado Luis Petri (ConFe), la duda se presenta en cuanto a si se ofrece recompensa sin que se reúnan las condiciones para tal fin, y se termina pagando información sin que tampoco se reúnan las condiciones de informante.
Además, también se planteó la inquietud respecto a lo declarado por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, ante la comisión, donde afirmó que de todas las recompensas ofrecidas en el último tiempo sólo una se había hecho efectiva. “Falta determinar quién certificó ese pago”, indicaron.
En la nueva presentación de los doctores Varela y Acosta, piden entre otros puntos que “se adquieran los testimonios de los siguientes fiscales a los fines de conocer cómo han sido tanto las actuaciones del Fiscal Fernando Giunta en los casos de la muerte de Matías Cardozo como en el caso de muerte del caso del empresario Olmos, de Luján. Para ello, solicito se cite a los doctores Fernando Guzzo y Valeria Ponce. En el caso del cabo Gustavo Ramet solicito se cite a la doctora Susana García para que ahonde en las razones por las que se solicitó la denuncia penal por el pago de recompensa”.
En ese sentido, desde la comisión se resolvió pedir copia a la Fiscalía de la Séptima Cámara del Crimen de la compulsa que ordena el pago de recompensas en el caso Cedrón – donde se habría hecho efectiva la tercera parte de la recompensa -.
También decidieron pedir información al Ministerio de Seguridad sobre la nómina de las recompensas ofrecidas, las causas que las motivaron y los montos; la nómina de recompensas ofrecidas y vigentes, así como las causas y los montos, y la lista de las recompensas efectivamente pagadas indicando causas y montos.
Asimismo, se invitará a los fiscales sugeridos por los abogados denunciantes, y a Carlos Varela y Alejandro Acosta para que amplíen “oralmente” la denuncia presentada a los legisladores.
La reunión fue presidida por Ricardo Puga (PIM), y participaron además, los diputados Luis Petri (ConFe), Néstor Parés (UCR), Hugo Babolene (PD) y José Barrigón (PJ).
Prensa junio 3