La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara, presidida por el diputado Ricardo Puga (PIM), entrevistó a Pablo Gómez Riera, ex titular del I
nstituto de Desarrollo Rural, para continuar con la ronda de consultas tendientes a analizar las denuncias de irregularidades en la órbita de la institución. Consultado por los legisladores sobre la implementación de programas aprobados con el objeto de mejorar el desarrollo de áreas rurales, Riera confirmó que mientras fue titular del Instituto (desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 1 de agosto de 2009) muchos de ellos no siguieron su curso por no ser parte de los objetivos planteados en el inicio de su gestión. Sostuvo que “en la etapa anterior, el programa más exitoso era uno relacionado al control ginecológico de las mujeres rurales; un programa que no estaba bien estructurado y que no era la prioridad del IDR, sino de Salud.”
El ex funcionario dijo, también, que cuando arribó a la institución “había contratos de 300 pesos” porque eran prácticamente todos estudiantes y que su intención era reformar el estatuto para asegurar mejores contrataciones, incorporar mayor personal y generar mayor desarrollo. Gómez Riera expresó que muchos de los programas implementados precisaban traspasos de dinero cuando la ejecución de alguno de ellos lo permitía, tal es el caso del excedente de recursos al programa de asistencia a productores de damasco que fueron traspasados a otro relacionado a la producción de ciruelas. Frente a estos hechos, explicó que todo está documentado porque al hacer uso de los fondos para los proyectos, ellos deben ser aprobados a través de autorizaciones del Ministerio de Agricultura de la Nación, decretos de gobierno y números de expediente.
En relación a fondos de privados que el IDR ha administrado utilizando su propia personería jurídica, el ex funcionario manifestó que “el gobierno aceptó administrar los fondos de privados, aunque ese dinero se deposita en las cuentas generales de terceros de la Provincia. Así, dentro de ella, están los fondos a nombre de FEPEDI (productores de durazno) que a su vez delega un poder al IDR para administrarlos”. Sostuvo, además, que el IDR le cobró una comisión a esa entidad para la administración y que insistió frente a las autoridades de esa institución a que se debía sancionar una ley para la protección de esos recursos, ya que la Provincia podía hacer uso de ellos ante cualquier situación que lo amerite, tal es el caso de una propagación importante de, por ejemplo, el virus de la Gripe A en materia de emergencia sanitaria.
Con respecto a los balances contables, los legisladores afirmaron que se han remitido a Derechos y Garantías aquellos correspondientes a los últimos 10 años, que serán estudiados detenidamente. Gomez Riera expresó ante los legisladores que “puede haber habido mal manejo” pero que se han tomado las decisiones necesarias para saber sobre la rendición de cuentas de dineros del Estado. Además, observó que hacia adentro del IDR ha habido una “interna política”.
Ricardo Puga (PIM), presidente de la comisión de Derechos y Garantías, manifestó que “ha habido manejo discrecional de dinero del IDR y que el Estado no puede estar en minoría respecto a las decisiones cuando aporta gran cantidad de dinero”. El legislador afirmó que se espera poder contar con la presencia de Raúl Millán, Secretario de Programación Agroalimentaria y Gestión de Calidad para el próximo jueves 17 a las 11.30.
El diputado Alejandro Limas (UCR) indicó que “se han aclarado algunas cosas, pero subsisten dudas” y que “se agravan los problemas por denuncias como internas políticas” pero que no es lo más importante a investigar, ya que el IDR tiene funciones específicas que debe cumplir junto a un mayor desarrollo de áreas rurales de Mendoza, reflexión con la que el diputado Puga estuvo de acuerdo.
Participaron de la reunión los diputados Ricardo Puga (PIM), quien preside la comisión y Alejandro Limas (UCR), Norma Moreno (PJ), Silvia Cardozo (PJ), Victor Babolene (PD), José Barrigón (UCR) y Humberto Montenegro (Confe).
Prensa Junio 10