El subsecretario de Programación Agroalimentaria y titular del Instituto de Desarrollo Rural, Raúl Millán, expuso ante legisladores de las comisiones
de Derechos y Garantías y de Economía de la Cámara de Diputados, detalles del funcionamiento de la fundación y lo actuado durante su gestión, y respondió las inquietudes planteadas en torno a las denuncias formuladas por la Comisión Revisora de Cuentas del organismo.Previamente, el presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Ricardo Puga (PIM) adelantó que la primera parte de la denuncia presentada a los diputados fue desestimada.
Se trata de la presentación realizada por Juan Carlos García Zuloaga, primer vocal del IDR, quien manifestó en la denuncia que fue relevado de su cargo en forma irregular.
En ese sentido, Millán entregó a los integrantes de las comisiones, copia de la resolución final adoptada por la Dirección de Personas Jurídicas, donde también se desecharon los argumentos de Zuloaga. En lo que respecta a la Comisión Revisora de Cuentas, el funcionario provincial respondió uno a uno los planteos expuestos y aseguró que “desde lo contable, el IDR está ordenado”.
Expresó que el balance 2009 fue impugnado por la Comisión Revisora de Cuentas sin dar razones y que ante la ausencia de los informes correspondientes, se pidió una prórroga para su presentación. Finalmente, fue presentado con la firma del presidente, el tesorero y un contador externo.
Al ser consultado sobre porqué no llevaba la firma de la contadora del IDR, tanto Millán como los restantes funcionarios que lo acompañaron a la reunión, manifestaron que el balance no puede ser firmado por el mismo contador que lo elabora. Lo hace un profesional externo que oficia de auditor.
Además, explicaron que el dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas en este aspecto no es vinculante y que así también lo entiende el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Millán, respondió también preguntas sobre el plan de conectividad rural, que debía implantarse a través del PROSAP.
Dijo que se trata de un plan que se formuló hace unos cinco años atrás, que no sólo tenía como componente entregar a organizaciones rurales el equipamiento, sino además la conectividad, que en un principio estaba prevista a través de la Red WAN, utilizada por la Dirección General de Escuelas para que todas las escuelas puedan estar conectadas en red.
Sin embargo, el sistema no resultaba el más conveniente para los objetivos perseguidos y además, el perfil de instituciones elegidas por el equipo que coordinaba el plan, “no eran rurales”. Según Millán, “habían elegido bibliotecas populares o uniones vecinales, todos en zonas urbanas”.
Los legisladores, preguntaron porqué pese a que detectaron las deficiencias señaladas las computadoras habían llegado y permanecían ociosas, a lo que se respondió que los procesos de adquisición “son lentos” y que en forma paralela al relevamiento de redes y posibles puntos de localización, “se empiezan los trámites para el equipamiento informático”, que de hecho fue adjudicado en setiembre de 2009.
Los funcionarios, añadieron además que de hecho, en la compra debía incluirse el mobiliario necesario para la puesta en funcionamiento de las computadoras, que todavía no ha llegado. Mientras tanto, los equipos están resguardados y asegurados.
Sobre este punto, Puga solicitó un informe escrito sobre el origen del plan de conectividad rural, quiénes conformaban el equipo técnico (teniendo en cuenta que a ese personal no se le renovó el contrato en esta gestión), y quién era el responsable del área.
.Por otra parte, Millán aseguró que antes de julio, tienen que estar los primeros diez puntos de instalación en la provincia.
Otro de los aspectos consultados fue la presunta “triangulación” en la transferencia de fondos desde la Nación, que fue negada por los funcionarios del IDR.
Millán manifestó que el Ministerio de Hacienda de la Nación no transfiere fondos – relacionados con distintos convenios – si no se tiene una cuenta “censada”
“La única que tenemos está en el ISCAMEN. Entonces todos los fondos” para los distintos sectores productivos, “van a esa cuenta. De ahí se derivan mediante convenio” al IDR, avalado además por decreto.
Asimismo, se interrogó sobre el pago de comisiones a empleados del IDR aludido en la denuncia presentada ente las comisiones legislativas.
En ese aspecto, subrayaron que no existe pago de comisiones, y que en realidad lo que se hace, es pagar a los profesionales que son parte de algún proyecto determinado, solicitado por el Consejo Federal de Inversiones, por mayor responsabilidad.
Resaltaron que en algunas oportunidades a través del CFI se solicitan técnicos para un proyecto en particular – el año pasado fueron convocados para un trabajo sobre oasis en Catamarca -. El Consejo Federal de Inversiones paga al IDR lo presupuestado por la tarea y a su vez la fundación le reconoce un incentivo a quien participa del emprendimiento “por única vez, por mayor responsabilidad”.
El jueves próximo se realizaría una nueva reunión con funcionarios del IDR para analizar más documentación que las comisiones solicitaron al Instituto.
Prensa Junio 17