El ministro de Infraestructura, el subsecretario legal y técnico de la Gobernación y el interventor de OSM; analizaron con diputados y senadores la iniciativa del Poder Ejecutivo de prolongar la intervención administrativa y posterior reestatización de OSM. Mañana miércoles (14 de julio) se discutiría en el recinto.
Durante el encuentro, legisladores mostraron acuerdo con
la iniciativa del Poder Ejecutivo de prolongar la intervención de OSM “hasta el 27 de septiembre de 2010 y en los mismos términos” establecidos en normas anteriores. A su vez, se destacó que ha sido una decisión acertada del gobierno la intervención, hace un año, y la posibilidad que se presenta hoy de rescindir el contrato con los socios franceses para la prestación del servicio de agua potable y cloacas de la Provincia.Jorge Tanús, presidente de la Cámara Baja, expresó que “se le está dando continuidad a la predisposición de los partidos políticos sobre la decisión del Ejecutivo de prorrogar la intervención en la administración y de reestatización de Obras Sanitarias”; agregó que “se debe trabajar velozmente para solucionar los problemas que se han generado y para diseñar los planes de obras, tarifas e inversiones”. Fernando Simón, subsecretario legal y técnico de la Gobernación, subrayó que se ha planteado un esquema por parte del Ejecutivo basado en el informe que la Universidad Nacional de Cuyo entregó con más de 15 mil fojas a cargo del ingeniero Puliafito, en el que “constan las infracciones e incumplimientos en los que la empresa ha incurrido, que dan la posibilidad a rescindir el contrato”.
Agregó que “se han estimado los plazos en función de las necesidades operativas que lleva el traspaso de la empresa” a manos estatales y que cree que los tiempos estimados son razonables para la designación del cuerpo que se pondrá al frente para mantener a la empresa funcionando; principalmente en los meses cercanos al comienzo del verano y con la consecuente necesidad hídrica de la Provincia en esas épocas.
Por su parte, el punto que generó más resistencia entre los legisladores es el artículo del proyecto que hace referencia al adelanto que la Provincia haría a la empresa Obras Sanitarias Mendoza S.A. de hasta 10 millones de pesos, como anticipo financiero, con el objeto de que se puedan cubrir las necesidades financieras impostergables de corto plazo: “gastos corrientes, sueldos” según la expresión de Fernando Simón.
Para el diputado Raúl Vicchi (UCR) no hay necesidad de entregar a la empresa 10 millones de pesos, sino que “se tendría que crear un fondo fiduciario que pueda ser utilizado por la intervención para mejorar los aspectos significativos en los que hubo deficiencia. Que los fondos tengan destino específico”.
Gonzalo Dávila, interventor de OSM, manifestó que se han analizado los flujos de fondos de la empresa y se ha observado que tiene “un rojo de aproximadamente 4 millones y medio de pesos por mes, por ello se han calculado 10 millones hasta el 27 de septiembre de 2010. Buscamos que la recaudación no se caiga.”
Néstor Piedrafita (ARI), subrayó la necesidad de debatir ahora este tema por la situación actual de la empresa y expresó que no se debe trabar la discusión en si se entrega o no 10 millones, ya que en la discusión del presupuesto para el año 2011 se hablará sobre cifras mucho más amplias por la necesidad de obras en este sentido que la Provincia deberá realizar en ésta órbita. Propuso, además, la creación de una comisión bicameral de seguimiento para el efectivo cumplimiento de la iniciativa.
Ricardo Puga (PIM), manifestó acuerdo con las palabras de Piedrafita sobre la creación de una comisión y sostuvo que se debería hacer un mea culpa por lo que ha ocurrido junto a un rápido tratamiento del proyecto. En caso de llegar a la reestatización de la empresa, el diputado manifestó que el marco regulatorio sobre el que se apoyará debe ser discutido antes o durante la constitución de la empresa y no posteriormente.
El senador César Biffi, manifestó que se tienen dudas respecto del funcionamiento de OSM antes y durante la intervención y reveló desacuerdo con la inclusión del artículo que hace referencia al anticipo de 10 millones de pesos, por ello solicitó al Ejecutivo que, en función de la urgencia en el tratamiento del proyecto, se elimine ese artículo.
En este orden, el diputado Roberto Blanco (UP) manifestó acuerdo con la decisión de prolongar la intervención administrativa y sostuvo la necesidad de evaluar cuales han sido los errores que se han cometido, principalmente en los organismos de control, y en este caso el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento). Asimismo expresó que “es corto el lapso de tiempo” para debatir el tema.
Desde el bloque del Confe, el diputado Andrés Marín consultó a los funcionarios sobre la solidez jurídica de la Provincia frente a la rescisión del contrato y reveló preocupación sobre el destino de los 10 millones de pesos que se entregarían como anticipo para el cumplimiento de responsabilidades.
El diputado Aldo Vinci (PD) coincidió con el último punto expresado por Marín y consultó por los montos de las deudas que se mantienen en ésta empresa. Sostuvo, además, que es necesario analizar detenidamente como establece el Ejecutivo que se hará la asignación del dinero.
Por último, el senador Mario Salomone dijo que los tiempos de debate de este tema son estrechos. Asimismo, el diputado Luis Orbelli (PJ-Unipersonal) expuso que siente preocupación por los posibles aumentos de tarifas que podrían recaer en la población.
Del mismo modo, se subrayó que Mendoza tiene la necesidad de discutir este tema de forma urgente, ya que es necesario que lo que se acuerde será “fruto del consenso” entre los distintos partidos políticos con representación legislativa junto al esfuerzo del Ejecutivo.
Prensa Julio 13