La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Silvia Cardozo (PJ), se reunió con el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga, quien
solicitó la aprobación de una ley para crear la Defensoría del Pueblo en el ámbito de la provincia de Mendoza.El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, plantea la creación de esta figura como “organismo descentralizado independiente”, autónomo y financieramente autárquico, con competencia en “aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática o general de la administración pública” y la defensa de los habitantes de la provincia en las operaciones de consumo y uso de bienes y servicios en el ámbito público y privado cuando se afecten intereses generales.
También tendrá incumbencia en la defensa del medio ambiente y la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los derechos del Niño y las leyes nacionales, así como la defensa de tales derechos ante las instituciones públicas y privadas.
Según expresó Quiroga, el planteo de la Defensoría del Pueblo surge tras la sanción de la ley 7930, que ratifica un decreto del Ejecutivo en relación al proceso de “solución amistosa por el caso internacional Internos de las Penitenciarías de Mendoza”. El funcionario, dijo que si bien “venimos trabajando en infraestructura y recurso humano, a conciencia”, existe el compromiso de “tratamiento del proyecto de defensor del pueblo”.
“Como provincia nos sería importantísimo porque es una obligación que hemos asumido independientemente del color político”, manifestó.
La iniciativa tuvo el aval de los legisladores, aunque aclararon que ya existe una media sanción de la Cámara Baja en relación al tema, - que se encuentra en el Senado - que lleva la firma de los diputados Fernando Armagnague (UCR MC) y Raúl Vicchi (UCR).
En ese sentido, los diputados indicaron que para no dar media sanción a un proyecto sobre el mismo tema, se podría pedir al Senado que retome el tema, y comparar la media sanción con la propuesta del Ejecutivo.
La propuesta oficial, establece que el Defensor del Pueblo tendrá dedicación exclusiva y que su ejercicio “será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia universitaria”.
También tendrá prohibida la actividad político partidaria y se dispone que la remuneración a percibir será la misma que la prevista para el Fiscal de Estado de la provincia de Mendoza.
Prensa agosto 3