La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, pidió
a los referentes de las empresas distribuidoras de gas, envíen a los legisladores información sobre valores del producto - incluido el subsidio nacional -, detalle de las ventas efectuadas desde hace tres años a la fecha y si tienen un plan o proyección de consumo para el año próximo, “para no tener que enfrentar los mismos problemas que tenemos hoy”, según dijo el titular de la comisión, Ricardo Puga (PIM).Los diputados, se reunieron con representantes del gobierno provincial en el Consejo Interministerial que analiza la problemática del gas y con referentes de YPF Gas y TOTALGAZ, precisamente para conocer cómo se está actuando respecto de la distribución y el precio de venta de las garrafas, desde los distintos sectores involucrados en el proceso.
Puga, dijo que “se necesitan estadísticas para saber qué cantidad se envasa y se envía a Mendoza y cuáles son las fuentes de distribución, para que esté a disposición de la Dirección de Fiscalización y Control. Sobre todo teniendo en cuenta que el servicio no está regulado”.
Además, los legisladores pidieron conocer cuántos controles se han realizado y cuántas sanciones se han dictaminado. Según indicó Walter Vázquez, subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía, ante el incremento en la demanda de garrafas se tomaron ciertas medidas bajo dos criterios: aquellos que no tienen gas natural y los sectores más vulnerables. En ese sentido, dijo que respecto a la misma época del año pasado hubo una mejora en cuanto a la provisión de garrafas por unidad familiar, porque “se llega en más cantidad a los hogares que lo necesitan”.
Desde el Ministerio de Seguridad, el titular de Participación Comunitaria, Alejandro Gil, destacó que si bien se han priorizado zonas de distribución, cualquiera tiene derecho a acceder a una garrafa.
En igual sentido, Carlina Duplessis, subsecretaria de Desarrollo Humano y Comunidad, manifestó que el incremento en la demanda se debe a varios factores, entre los que se encuentra el factor económico, dado que “la Asignación Universal por Hijo influyó en un mayor consumo”.
“Mendoza no ha sido una provincia que haya legislado sobre el tema”, expresó, agregando que se trata de “un servicio de interés público pero no es un servicio público, donde las responsabilidades son compartidas entre el Gobierno, las empresas y la Legislatura”.
Al respecto, Puga destacó que es “indispensable conocer en los últimos tres años cuánto ha sido la venta de garrafas en Mendoza para ver si creció realmente la demanda y en qué proporción”.
Asimismo, sostuvo que como comisión, “vamos a determinar cuáles son los responsables y en caso de corresponder, cuáles son las sanciones que le caben. Esa es la responsabilidad de la Legislatura”.
“Lo cierto es que el gas no alcanzó, sobre todo en los sectores más débiles”, acotó.
Por su parte, el diputado Néstor Parés (UCR), puntualizó que “espero que en agosto del año que viene no nos tengamos que volver a juntar por el mismo tema. El gobierno tiene que gestionar”, mientras que Hugo Babolene (PD), pidió saber “cuál fue la proyección que se hizo para este año, en base al consumo”.
Ariel Serrano, representante de TOTALGAZ, expuso que se envasa “el 100 por ciento de todo lo que nos entregan las productoras”, sin embargo, adujo no haber llevado la documentación donde conste a qué valores se hace referencia cuando se habla del cien por ciento.
Por otra parte, agregó que este año se obtuvieron 300 toneladas extras que se adelantaron en junio y otras 300 toneladas en julio, pero tampoco brindó detalles de cuánto es lo que se tenía previo a estos envíos.
Al igual que Fabián Holcman, jefe de red de distribuidoras de YPF Gas, indicó que toda la información ha sido puesta a disposición del Gobierno y ratificó que “los volúmenes que entregamos son mayores que en 2009”.
Durante la reunión se expresó también que las empresas TOTALGAZ e YPF Gas, reciben un subsidio por garrafa, y que éstas son vendidas después a los distribuidores. Éstos, a su vez, cargan al valor del producto los costos del flete y gastos operativos, para llegar finalmente al comercio que se las venderá al consumidor. Este último eslabón de la cadena de comercialización, según observaron los legisladores, tienen una ganancia mínima en relación a las empresas prestatarias.
Ambas compañías no aportaron ninguna documentación a los diputados, lo que generó críticas de parte del Subsecretario de Hidrocarburos quien pidió “tomar las cosas con seriedad”.
Vázquez, señaló que unas 12 mil garrafas se fraccionan por día, pero que las empresas “tendrían que haber traído información para no dejar pagando al Gobierno provincial y avalar con la documentación pertinente lo que estamos diciendo”.
El diputado Luis Petri (ConFe), sostuvo que faltan controles de parte del Gobierno porque no sólo tiene que dar garantías respecto de la provisión de garrafas sino también tiene que imponer sanciones “para que no existan ventas abusivas y las garrafas lleguen al consumidor al precio establecido”.
De acuerdo a lo puntualizado por la directora de Fiscalización y Control, María del Carmen Caballero, “es un problema de vieja data. Esta Dirección se ha caracterizado por ser una institución que pone la ficha en ejercer bien el rol de la fiscalización. No hemos descuidado el control”.
En ese marco, explicó que han efectuado controles en los distintos departamentos de Mendoza con el apoyo de los municipios y que producto de ese relevamiento hay 13 resoluciones para sanciones y más de 30 que se encuentran en proceso.
En cuanto a la base de datos con la que cuentan dijo que la han armado con el tiempo pero que no cuentan con un listado de clientes donde se comercializan las garrafas.
Desde ese organismo, Mónica Nofal acotó que habría que gestionar ante la Nación la posibilidad de que la provincia pueda tener competencia para “poder sancionar a toda la cadena de comercialización” en caso de que se detecten irregularidades.
Finalmente, la directora de Asuntos Municipales, Claudia Tórrez, argumentó que el sistema “no fue un fracaso porque si no, la situación hubiera estallado”.
Para Puga, es necesario recuperar la boca de gas que posee la Provincia y que durante el gobierno de José Octavio Bordón era operada por una cooperativa de vecinos. “Hay que darle participación a las organizaciones sociales para recuperar una alternativa que sea la tercera pata que le permita a los usuarios asegurarse las garrafas al precio estipulado”.
Asimismo, acotó que “los legisladores nacionales tienen que ponerse los pantalones y hacer un marco regulatorio para todo el país, para considerar a las garrafas como un servicio público”.
Participaron además de la reunión, el director de Energía de la provincia, Ernesto Tamayo, y los diputados Ricardo Puga (PIM), José Barrigón (UCR), Luis Petri (ConFe), Néstor Parés (UCR), Norma Moreno (PJ), Silvia Cardozo (PJ) y Hugo Babolene (PD).
Prensa agosto 12