A través de una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene media sanción del Senado, se busca modificar el artículo 9 de la Ley 4322, que establece la
regulación del adicional por antigüedad de los Magistrados del Poder Judicial de la Provincia.El tema es analizado por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Silvia Cardozo (PJ), cuyos integrantes se reunieron con el fiscal de Estado, Joaquín De Rosas, y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, para consultarlos sobre la viabilidad de la propuesta.
La media sanción que se analiza, incorpora un párrafo al artículo 9 de esa ley, señalando textualmente que “este beneficio se computará hasta que el Magistrado alcance los requisitos mínimos establecidos para acceder al beneficio jubilatorio. Excepcionalmente, el beneficio se seguirá computando, en el supuesto que el magistrado continúe en sus funciones, como consecuencia de un pedido expreso de la Suprema Corte de Justicia basado en razones de necesidad de servicio conforme lo dispuesto por el artículo 16, inciso a) de la Ley Nacional Nº 24.018”. Además dispone que una vez sancionada, esta ley “entrará en vigencia a partir de su publicación y será de aplicación a todos los magistrados del Poder Judicial de la Provincia y funcionarios equiparados, incluso a aquellos que ya cuenten con sesenta (60) años de edad, quienes continuarán percibiendo el porcentaje alcanzado a esa fecha en concepto de adicional por antigüedad”.
El proyecto original remitido por el Ejecutivo, no contemplaba la excepcionalidad plasmada luego en la media sanción de la Cámara Alta, y ese es, precisamente, uno de los puntos cuestionados por la mayoría de los diputados que componen la comisión de LAC, según indicó Silvia Cardozo.
A criterio de los diputados, ese agregado se basa en una ley nacional a la que la provincia no ha adherido.
Según los fundamentos remitidos por el gobierno provincial, con esta nueva ley “se aspira a que quienes deseen continuar en la magistratura al amparo de la garantía de inamovilidad que consagra el Artículo 151 de la Constitución de la Provincia lo hagan en virtud de su vocación de servicio, y no ante la expectativa de un incremento automático de sus remuneraciones por el sólo hecho de acumular años de servicios”.
En la actualidad, hasta que un juez se jubila percibe un 2,6% por año en concepto de antigüedad. Lo que se propone, es mantener ese porcentaje pero sólo hasta los 60 años de edad (en que quedaría congelado el porcentaje acumulado) o hasta alcanzar los requisitos mínimos para acceder al beneficio de la jubilación.
“No se pretende que dejen de cobrarlo, sino que no se siga acumulando el porcentaje aplicado a ese ítem”, indicaron los legisladores.
Por su parte, el diputado Raúl Vicchi (UCR), propuso otro mecanismo. Según explicó, el objetivo sería “ajustar la antigüedad a una alícuota que sea retributiva en reconocimiento” a la experiencia del magistrado, pero a la vez “equilibrada”.
En ese sentido, consideró la posibilidad de establecer que a partir del 1 de enero de 2011, quienes ingresen al Poder Judicial, en vez de hacerlo con un régimen del 2,6% por año por ese concepto, lo hagan con el 1%, previa firma de consentimiento del ingresante.
“No creo que sea bueno que los jueces se jubilen a los 60 años. Tendríamos que tener más jueces con 20 o 25 años de ejercicio de la profesión en la calle y coronar su carrera siendo jueces. Eso les da mayor estabilidad en el conocimiento de los conflictos desde los dos puntos de vista: el del abogado y el de los jueces”, indicó.
Además, estimó que de aprobarse la media sanción del Senado podrían suscitarse nuevos conflictos de Poderes aduciendo cambios en el concepto de intangibilidad promovida por la Constitución.
Si bien los funcionarios de Gobierno señalaron que el proyecto tal como está no afecta la intangibilidad, se comprometieron a analizarlo en profundidad para en un nuevo encuentro, poder esbozar conclusiones.
Promoción industrial
Durante la reunión, el diputado Luis Petri (ConFe) consultó a De Rosas y Mosso Giannini sobre el estado en el que se encuentra la presentación que la provincia hizo ante la Corte nacional respecto a la promoción industrial, tras la firma del desendeudamiento.
El Fiscal de Estado, dijo no haber recibido instrucciones del Poder Ejecutivo para no seguir avanzando en el pedido de nulidad del decreto nacional 699, por el cual se prorrogan los beneficios impositivos incluidos en el régimen de promoción industrial para las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.
En igual sentido, el Asesor de Gobierno explicó que todo “sigue como está planteado porque no es una acción para cobrar pesos sino que plantea la nulidad”.
Agregó que la causa “está a dictamen” y hasta ahora, sigue vigente la medida cautelar presentada por la Cámara de Comercio de San Rafael.
Además, aclaró que la firma del desendeudamiento, por el cual la provincia accede a una quita y refinanciación de las deudas que mantiene con la Nación, no implicó “resignar nada” porque además, “no hay otros juicios pecuniarios contra la Nación”.
CIADI
En tanto, el diputado Aldo Vinci (PD), consultó a los funcionarios sobre la situación de las denuncias presentadas ante el CIADI en lo concerniente a Obras Sanitarias Mendoza, a lo que Mosso Giannini respondió que “la responsabilidad de la provincia es mínima porque todas las demandas que se establecen en función de reclamos ante el CIADI” están en relación “con la política económica y eso es algo que se define en la Nación”.
“En general, el núcleo de los reclamos tienen que ver con la política económica a nivel nacional”, resaltó.
Conjueces
Finalmente, los diputados entregaron al Fiscal de Estado y al Asesor de Gobierno, una copia del proyecto de ley de Alejandro Viadana (PJ), por el que se dispone regular la designación de conjueces.
El objetivo, es que ambos “den su opinión y puedan decir si jurídicamente el proyecto es viable”, expresaron.
La reunión estuvo presidida por Silvia Cardozo (PJ), acompañada por los diputados Raúl Vicchi (UCR), Luis Petri (ConFe), Aldo Vinci (PD), Alejandro Viadana (PJ), Hugo Babolené (PD), Gustavo Arenas (PJ) y Ricardo Puga (PIM).
Prensa septiembre 7