Diputados de las comisiones de Derechos y Garantías y de Salud, y autoridades del hospital Lagomaggire, acordaron realizar unas jo
rnadas de trabajo para comenzar a definir un protocolo que determine las funciones que le competen a cada organismo público involucrado en la problemática del embarazo adolescente.El objetivo, es cubrir un vacío legal que hoy impide un seguimiento de las embarazadas menores de 18 años que llegan a las distintas maternidades de la provincia, producto en la mayoría de los casos, de un hecho delictivo.
Los legisladores, que se trasladaron hasta ese centro asistencial, fueron motivados por una denuncia radicada por una empleada del Registro Civil en la comisión de Derechos y Garantías, que preside Ricardo Puga (PIM),
Según explicó Puga, la mujer advirtió sobre la circulación de un papel que textualmente dice “Mamá soltera, el rata que te hizo esto te dejó sola. Nosotros podemos cuidar tu bebé”, inscripción a la que se le adjunta un numero telefónico.
La denuncia, fue puesta a disposición del director del hospital, Roberto Correa, con quien acordaron organizar una jornada con el fin de protocolizar las actuaciones que deben realizarse ante la presencia de embarazos en menores de edad. Es que según indicó el diputado, embarazos hasta los 13 años son producto de una violación, por más que haya consentimiento en la relación, mientras que desde los 13 a los 15, está tipificado como estupro.
De allí, surge la necesidad de dejar establecido quién tiene que hacer la denuncia ante estos casos, dónde y ante quién.
Para Hugo Babolené (PD), la finalidad es involucrar a distintos actores para “evitar una posible trata de personas. Esto tenemos que hacerlo con el Registro Civil, la Dinaf, los colegios” – porque a veces son las escuelas las primeras receptoras de adolescentes embarazadas – “para que la justicia determine qué hacer en estos casos”.
Por su parte, Néstor Pares (UCR), explicó que “hasta hace algunos años, esto era competencia directa de la justicia de Familia y había un seguimiento con asistentes sociales, pero después pasó a la órbita de la Dinaf y quedó un vacío”.
Puga, resaltó que “no queremos que se vea afectado el buen nombre del hospital”, pero hay “que buscar soluciones a estas mamás, porque siempre hay un vivo que intenta comprar un bebé”.
El titular de la comisión de Salud, Alberto Recabarren (PJ), destacó en tanto que “esto es la punta del ovillo” y que “lo más importante que hay que tener en cuenta es que se trata de un delito. Lo que queremos hacer es cerrarle la puerta a estos hechos delictivos y si no está protocolizado, esto no se puede hacer”.
Asimismo, Norma Moreno (PJ), añadió que además, “la función es proteger a la mamá – niña y al bebé, para evitar esto antes de que ocurra”.
En igual sentido, José Barrigón (UCR) expresó que “las instituciones son atacadas por el delito. Los hospitales, las escuelas, y la función es unirse para que el delito no llegue a las instituciones”.
Por su parte, el director del hospital, Roberto Correa, se manifestó “de acuerdo a abrir las puertas a la investigación para que la comunidad se sienta protegida con esos protocolos”.
En ese sentido, los legisladores solicitaron al hospital un listado de los bebés nacidos en el período 2009-2010, que será remitido a la justicia y para que a través de la Dinaf, se realice un seguimiento para ver si esos menores están en sus casas, atendidos por sus familiares o han sido presuntamente víctimas de trata.
En 2009, hubo 43 casos en el Lagomaggiore
Según indicaron las autoridades del hospital, en el 2009 hubo 43 casos de madres menores de 15 años que fueron atendidas en ese centro asistencial, pero en total, de 6000 partos atendidos, el 22,3 por ciento corresponde a madres adolescentes, menores de 18 años.
La jefa del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico, Clara Caruso, dijo que muchas situaciones irregulares se detectan por la mala relación entre la madre y el niño, “y eso es lo que nos alerta que puede haber algún problema”. Sin embargo, agregó que la función del hospital termina con el alta médica.
Correa, puntualizó que “lo normal, es que el caso ya venga judicializado”, aunque reconoció que hay otros casos que no y que son los médicos los que en algunas oportunidades denuncian.
Para estos casos, el servicio social exige que previo al alta de la menor, tiene que haber un adulto, madre, padre o tutor, que es quien firma y queda registrado en la historia clínica de la paciente.
Además, desde el Ministerio de Salud, existe un mecanismo por el cual se recaba información de las parturientas cuyos datos son a su vez remitidos a los departamentos y desde allí a los distintos centros de salud para que se realice un seguimiento, que no siempre puede cumplimentarse en su totalidad, porque depende de que la mujer siga con los controles post parto en esos centros asistenciales.
Proteger a la madre y al niño
Para los legisladores, el objetivo primordial es lograr la protección de la mamá – niño que viene de una situación traumática y a su vez al niño que nace, que después puede ser víctima de trata de menores.
El ideal, sería lograr un seguimiento pre – parto, durante el parto y posterior a él, de tal forma de dejar salvado cualquier tipo de irregularidades que pudieran producirse en medio del proceso de la maternidad.
“Esta es una nueva frustración institucional en la provincia, porque los mecanismos de control no funcionan”, dijo Puga, poniendo como ejemplo el caso de la mujer abusada por su padre durante mas de 20 años, que parió a sus 7 hijos en efectores públicos de la salud sin que se detectara la problemática que envolvía el caso.
“Algo no funciona y genera un espacio para que organizaciones extra hospital operen”, añadió.
De acuerdo a lo expresado por Puga, toda la información recopilada por la comisión será elevada a la justicia.
Prensa setiembre 23