Los miembros de la comisión de Diputados se constituirán como querellantes
en la causa. “No queremos la impunidad de los que atentan contra la salud de los mendocinos”, manifestaron los legisladores.Ricardo Puga (PIM), Hugo Babolené (PD) y José Barrigón (UCR), integrantes de la comisión de Derechos y Garantías, se presentaron ante el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay para aportar pruebas relacionadas al vertimiento de sustancias tóxicas en napas freáticas y cauces de agua para consumo que involucra a la empresa Keghart.
El titular de la comisión, Ricardo Puga, apuntó contra Juan Mesina S.A y calificó el hecho como un “atentado criminal contra todos los mendocinos”.
“Creo que con el aporte que le hemos hecho (al fiscal) vamos a tener una respuesta rápida”, agregó Puga.
Además, el presidente de la comisión adelantó que le pedirá a la Fiscalía de Estado, “que haga la presentación en nombre de la Provincia” y explicó que, desde Derechos y Garantías, “no queremos impunidad para empresarios que atentan contra la salud de los mendocinos”.
Por su parte, Hugo Baolené (PD), argumentó que la “columna vertebral” de la denuncia se basa en las declaraciones de los empleados de la empresa que denunciaron los supuestos ilícitos, las inspecciones del Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de Luján y la fiscal Susana Muscianisi que corroboraron las versiones de los trabajadores y los análisis de la Universidad Nacional de Cuyo.
Babolené destacó también la voluntad de “ayudar al fiscal y cumplir con nuestro deber de funcionario público frente al conocimiento de un hecho que puede constituir un delito”.
Pero además, desde la comisión dejaron en claro que los acontecimientos relacionados con la contaminación “son parte de una metodología, no de un accidente” y que en las versiones que dieron los ex empleados de la Keghart se menciona el método que se utilizaba y además quién daba las indicaciones para llevar a cabo las acciones.
Por otro lado, Alejandro Acosta quien representará legalmente a los miembros de Derechos y Garantías, opinó que las pruebas que se aportaron ante el fiscal “acreditan la infracción” en el hecho que se está investigando y adelantó que los diputados se constituirán como querellantes particulares.
Acosta llevará adelante el caso ad honorem como forma de “devolver” a la sociedad por haberle brindado educación gratuita, según afirmó.