La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley por el cual la Provincia de Mendoza adhiere a la Ley Nacional de Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.Esta norma tiene como autor al diputado Ricardo Puga (PIM) y fueron acumulados los proyectos de la diputada M/C Mirta Díaz y la diputada Sonia Carmona (PJ).
Cabe destacar que la ley nacional fue sancionada por el Congreso Nacional el 11 de marzo del 2009 y con esta adhesión el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Provincial de la Mujer deberá elaborar protocolos de intervención y a celebrar los convenios que resulten necesarios.
En los fundamentos del proyecto los legisladores sostienen que ante el alarmante crecimiento que la violencia intrafamiliar tiene en la sociedad, con las lamentables consecuencias. Cada dos días y medio, una mujer muere en el país como resultado de las agresiones de su esposo y/o pareja, según un informe de Amnistía Internacional Argentina que da cuenta de los feminicidios.
Por otra parte, desde el Estado, no son suficientes las políticas públicas, destinadas a combatir este flagelo. En este sentido, la Ley Nacional a la que se adhiere viene a poner claridad en la legislación respecto a los distintos tipos de violencia y al papel que le compete al Estado en la protección de las víctimas y en la prevención de este tipo de hechos. Es fundamental el Observatorio que crea la Ley Nacional y que está destinado a investigar las causas, las variables e indicadores en su conjunto sobre los por qué de la violencia contra la mujer. Los últimos casos registrados en Mendoza indican que los abusos contra las mujeres no se pueden relegar a la esfera de la vida privada, mucho más cuando éstos son grandes indicadores de la violencia social que hoy no se puede detener.
El Estado debe garantizar la vigencia de los derechos humanos en las relaciones privadas y proteger a las mujeres de la violencia. La violencia contra la mujer se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el social. Algunas de sus formas están aún legitimadas por la cultura, como las limitaciones que tienen las mujeres de acceder a numerosas actividades o jerarquías; otras, no legitimadas como la violación o el homicidio, funcionan como una amenaza velada para la vida cotidiana. Lo que se castiga es el resultado de la violencia y no la violencia.
Esto explica la ausencia de normas que castiguen aquellas situaciones que no producen un daño visible como el acoso sexual, la violencia psíquica y el abuso emocional y económico. La tarea fundamental es sacar las situaciones de violencia del ámbito privado para brindar un marco de protección y asistencia a las víctimas.
Prensa noviembre 10