La comisión de Derechos y Garantías recibió hoy a funcionarios del Ministerio de Gobierno y autoridades del sistema penitenciario, quienes dieron su visión
de lo sucedido en la unidad penal de San Felipe, de acuerdo a los videos aportados a la justicia por una organización de derechos humanos en donde aparecen agentes penitenciarios ejerciendo hechos de violencia a detenidos.El subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares, reiteró que se trató de “hechos aislados” y resaltó la “celeridad” con que actuó el Gobierno provincial una vez conocida la denuncia.
Respecto a los penitenciarios que aparecen en las imágenes, dijo que “estos muchachos equivocaron el camino” y destacó que “las personas identificadas fueron sacadas del sistema así como las autoridades” que estaban a cargo en el momento en que se produjeron los hechos.
Además, señaló que “personalmente llamé al fiscal interviniente para ponerme a su disposición”, al tiempo que aseguró que “esto no puede ocurrir en nuestra provincia”.
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, David Magniafico, indicó que “si nosotros viviéramos a los palos, bajo una línea de violencia, no tendríamos los resultados que estamos teniendo”, y que si bien se hacen controles aleatorios a las guardias de día y de noche, “vamos a profundizarlos”.
Al mismo tiempo, destacó que los agentes involucrados ingresaron al sistema entre 2005 y 2008, y añadió que con esta gestión, se han adoptado una serie de medidas como la capacitación permanente y la rotación del personal, que hace que “la cárcel de hoy” sea “distinta a las etapas oscuras” que le valieron al sistema penitenciario local, la intervención de la Corte Interamericana.
En igual sentido se manifestó la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, quien relató la situación en la que se encontraban las cárceles de Mendoza cuando asumieron y la diferenció del estado en el que se encuentran en la actualidad.
“En 2010 no hubo ninguna muerte en el interior del penal, lo que demuestra que bajó el índice de violencia en San Felipe”, acotó.
Por su parte, el presidente de la comisión, Ricardo Puga (PIM), adelantó que citarán a los médicos del complejo, así como a los miembros de la Inspección General de Seguridad para que brinden información sobre los sucesos denunciados.
Asimismo, pidió un listado de los guardiacárles que posteriormente a lo ocurrido se hicieron cargo de la guardia. El objetivo, es determinar si tenían conocimiento de lo que acontecía en los horarios en que se produjeron los vejámenes.
“La comisión seguirá investigando y citará a los funcionarios que correspondan”, expresó Puga, quien si bien reconoció “la política de derechos humanos” llevada adelante por el Gobierno provincial, subrayó que “hay que admitir que los controles no han sido suficientes”.
Prensa febrero 3