Se trata de una iniciativa de Luis Orbelli (PJ Monobloque) que plantea otorgar permiso de uso de tierras fiscales para quienes quieran afincarse en zonas rurales. Plantean abordar el problema de las grandes cantidades de tierras “ociosas” en manos privadas.
La comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda analiza un proyecto de Luis Orbelli que estipula “otorgar permisos de uso de inmuebles fiscales a favor de jóvenes rurales, con el objeto de promover la persistencia de la población joven en el medio rural”.
En la jornada de hoy, Leonardo Miranda, de la DOADU, fue entrevistado por la comisión para que aportara su visión sobre la iniciativa.
Según Miranda, el proyecto demuestra una correcta vocación y una decisión política pero agregó que “actualmente en el oasis no hay gran cantidad de tierra fiscal con buenos accesos y servicios”.
Sin embargo, el funcionario expresó que “hay pequeños lotes que han sido de los bancos de Mendoza y Previsión” y en algunos casos “no se ha podido sacar a empresarios con capacidad de defensa jurídica” que estarían ocupando terrenos del Estado.
Mas allá del apoyo a la iniciativa de Orbelli, desde la DOADU manifestaron la “necesidad de crear el banco de tierras” para poder determinar acciones concretas y, según Miranda, las tierras inutilizadas en manos privadas representan un problema porque “esa tierra está ociosa, irrigada y sobre la ruta y hay jóvenes que tienen vocación rural pero no tierra”.
“No existe gran cantidad de terreno fiscal, pero si gran cantidad de tierra ociosa o abandonada en manos privadas”, sentenció.
Por su parte, Antonio Spezia, presidente de la comisión, adelantó que la comisión pidió un informe concreto con los programas y la cantidad de tierra para continuar el análisis de la viabilidad del proyecto.
En base a este análisis, Ambiente podría aconsejar al autor de la iniciativa modificar el proyecto inicial para adecuarlo a las posibilidades concretas.
El texto de Orbelli se orienta a colaborar con los jóvenes que habitan en zonas rurales para mejorar su calidad de vida y a que continúen afincados en el campo.
De esta manera se pretende colaborar con una distribución racional de la población en Mendoza y frenar la inmigración interna de jóvenes hacia las ciudades.
La norma se orienta a personas de nacionalidad argentina de entre 18 y 30 años que presenten proyectos en su departamento de residencia.
Estuvieron también en la reunión los diputados Edgardo Pintos (UCR), Teresa Maza (UCR) y Silvia Ramos (Eje Peronista).
Prensa marzo 1