Un nuevo decreto del Poder Ejecutivo provincial que modifica el régimen de descuentos por bonos de sueldos de empleados estatales, genera dudas en las entidades mutuales que se presentaron ante la comisión de Dere
chos y Garantías, considerando, entre otros aspectos, que con esta metodología desaparecerán las más pequeñas.La disposición del Gobierno, tiende a “rediseñar el sistema de descuentos implementado” por otro “uniforme”, “cuya administración dependa de una entidad única responsable, dependiente del Ejecutivo provincial”.
Para tales fines, se crea el CUAD – Centro Único de Autorización de Descuentos -, que centralizará toda la información referente a los descuentos, solicitudes, disponibilidad de endeudamiento, autorizaciones de solicitudes y todas las operatorias que se realicen por su intermedio.
Pero además, eleva el tope de descuentos que pueden efectuarse sobre los salarios de los agentes estatales. De un descuento máximo de un 20 por ciento sobre las remuneraciones, se pasó luego a un 30 por ciento y con este decreto, se dispone que “los descuentos por las deudas o prestaciones que los agentes públicos voluntariamente pacten con las entidades titulares de códigos de descuento en el marco del presente sistema, no podrán superar, en conjunto, el tope del 50 por ciento del haber mensual neto”.
La autoridad de aplicación de esta nueva normativa, será la Secretaría General de la Gobernación, a cuyos funcionarios citará la comisión de Derechos y Garantías para que expliquen la normativa.
Para Juan Domingo Bolzón, de la Mutual 21 de setiembre, el hecho de que en el decreto se hable de “entidades” sin especificar cuáles, “le abre la puerta a un sinnúmero de intereses”. Señaló que el sistema estaba diseñado para “entidades solidarias” como mutuales, sindicatos o cooperativas pero que ahora, “cualquier persona física puede tener un código de descuento”.
En la misma línea, esgrimió que quieren que desde la Secretaría General de la Gobernación, “expliquen cómo va a funcionar el sistema para que se establezca un orden de prioridades”.
Por otra parte, la Federación Mendocina de Entidades Mutuales indicó que hay “disparidad” en cuanto a los requerimientos exigidos. Aquellas mutuales que ingresaron en el 2010 ya serían incorporadas al sistema, “mientras que a las que llevamos varios años, nos exigen cumplir con muchísima documentación”.
“En su momento planteamos una ley para no estar a los vaivenes de los caprichos políticos”, indicaron, agregando que si no han habido controles por parte del Estado para evitar los 5000 concursados que hay en la provincia, nada les garantiza que la nueva metodología funcione.
“Vamos a tener que presentarnos en quiebra todas las mutuales que tenemos proveedurías porque no vamos a poder sobrellevar este embate”, dijeron.
Alberto Pizarro, presidente de la Federación, pidió en ese sentido “participación de sindicatos, cooperativas y mutuales para ejercer el control, porque se quiere llegar a monopolizar el sistema”. “Queremos algo equitativo e igualitario para todos”, expresó
Según el presidente de la comisión, Ricardo Puga (PIM), “las mutuales cumplieron un rol importante en la sociedad que se fue deteriorando sobre todo por los mecanismos de control del Estado, en lo que hace a los códigos de descuento. Si hubieran habido controles no habrían tantos concursados”.
Sobre ese punto, los mutualistas aseguraron que los concursados “son una avivada, es una estafa, de un conjunto de abogados y contadores”.
“Nosotros tenemos compromisos asumidos con proveedores, y por esto, a veces tenemos que recurrir a la usura para hacer frente a estas obligaciones”, manifestaron.
En tanto, el diputado Luis Petri (UCR), consideró que la quiebra es un recurso cada vez más utilizado por los empleados públicos, lo que “exige que el Congreso de la Nación tome cartas en el asunto respecto de la ley de Concursos y Quiebras, porque no tiene en cuenta al particular en relación de dependencia que se declara en esa condición”.
Prensa marzo 17