Vecinos de la Multisectorial Asamblea del Pueblo de General Alvear, la Comisión de Vecinos de Uspallata, Pueblos Originarios y la ONG Uspallata 2030 acercaron sus visiones al plenario sobre el proyecto minero San Jorge. Antonio Spezia (PD), de Ambiente, presidió la reunión.
Las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto, Ambiente, Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales que conforman el plenario de co
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misiones, y diputados de distintos bloques, se reunieron con vecinos y profesionales integrantes de la Multisectorial Asamblea del Pueblo de General Alvear y la Comisión de Vecinos de Uspallata con el propósito de analizar las inquietudes de éstos sectores en torno al proyecto minero San Jorge, en la localidad de Uspallata. El propósito de las reuniones del plenario se funda en el análisis del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
En este sentido, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para expresar sus posturas en torno al proyecto minero en cuestión.
Multisectorial Asamblea del Pueblo de General Alvear
Al momento de explicar su posición, vecinos integrantes de la Multisectorial manifestaron que el principal motivo por su negativa a este emprendimiento es que San Jorge no cumple con la Ley provincial nº 7.722. “Hemos realizado un análisis de la información presentada por la empresa y se observa que no ha podido demostrarse que la empresa no va a contaminar”.
Observaron, los vecinos, que “la empresa minera manifiesta que la zona en la que desea instalarse no es sísmica, cuestión que no es real porque de acuerdo a los informes del IMPRES, Uspallata es una de las zonas más propensas a sufrir movimientos sísmicos en todo el país, junto al norte de Mendoza y sur de San Juan”.
Asimismo, se observó que la empresa no cumple con lo especificado en la ley 7722 respecto a la prohibición en el uso de sustancias tóxicas y tampoco ofrece medidas de mitigación para el material particulado.
En otro orden, subrayó un integrante de la Multisectorial que San Jorge ha declarado que desea explotar y exportar cobre, pero en el lugar, según informes específicos, hay más de 12 tipos de minerales con los cuales nadie ha expresado que se va a realizar.
Del mismo modo, se destacó, de manera comparativa, lo que ha sucedido en Japón en los últimos días junto a lo que podría ocurrir en Mendoza con un emprendimiento de éstas características y una catástrofe natural como la acontecida en el país nipón, ya que nuestra provincia no estaría preparada para afrontar una catástrofe de esa magnitud.
Por último, los vecinos manifestaron que éste proyecto no tiene sustento jurídico ni constitucional porque está violando cuatro leyes provinciales y una nacional y que por éstas mismas razones no debería ser la Legislatura la que deba decidir sobre el tema.
Comisión de Vecinos de Uspallata
Desde éste sector se manifestó que creen que no han sido escuchados. “Hemos elegido el modelo para trabajar con el turismo y el agro como los más importantes, por ello creemos que hay otras opciones y no la minería”.
Expresaron que este proyecto minero no tiene razón de ser porque principalmente viola la ley provincial 7722 pero su tratamiento ha llegado hasta la Legislatura. “Hemos viajado hasta acá porque queremos que nos escuchen”, dijeron.
Del mismo modo, manifestaron que Uspallata este año afrontó sequías y que es también una de las razones por las cuales no es conveniente la instalación de éste proyecto minero por la utilización de agua que realizan. Agregaron que no es bueno ni va a serlo “ver pasar por las puertas de nuestras casas camiones cargados de dinamita o sustancias tóxicas”.
Pueblos Originarios
Los representantes de los Pueblos Originarios y los Huarpes hicieron hincapié especialmente en la necesidad de realizar una consulta a sus integrantes, teniendo en cuenta la cultura, los antepasados, la arqueología y los derechos preexistentes. Sostienen que la instalación del Proyecto San Jorge viola los derechos que tienen jerarquía institucional. Indicaron que también han solicitado a través de un expediente, la doble impermeabilización de los “diques de cola” para evitar la contaminación del área y proteger el patrimonio arqueológico que existe en el lugar.
Por su parte los representantes de los Huarpes se refirieron a la disminución de animales autóctonos, como los cóndores y esta baja se debe especialmente a la contaminación sonora que existe en el lugar.
Uspallata 2030
La ONG Uspallata 2030, está integrada por vecinos que viven en ese sitio y se han agrupado pensando fundamentalmente en llevar a cabo emprendimientos y proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias y permita cubrir las necesidades que ellos tienen. Hablaron sobre la falta de trabajo, de desarrollo y consideran que a través del Proyecto San Jorge estas insuficiencias se van a poder solucionar, aportando un desarrollo sostenido a todo el pueblo. Explicaron que han hecho un seguimiento a todo el proceso de instalación de la minera y siempre han tenido acceso a cada uno de los trabajos que se están realizando.
Están a favor del emprendimiento porque sostienen que van alcanzar la infraestructura necesaria para el crecimiento de toda la zona, no está ajenos a la defensa del medio ambiente y para eso solicitan que se lleven a cabo los controles más estrictos sobre la empresa y sobre el avance del proyecto minero. Para estos habitantes San Jorge ha cumplido con todos los requisitos y les ha permitido estar al tanto de todo lo que se realiza.
Prensa 22 marzo- Plenario de Comisiones con Multisectorial de Alvear