La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Rita Morcos (FPV), se reunió con el titular de la Dirección General de Rentas, Claudio Gil, para analizar distintos aspectos de la política de recaudación de impuestos de la provincia.
El encuentro, fue la continuidad de una primera reunión mantenida la semana pasada, donde el funcionario se llevó una serie de inquietudes de los legisladores relacionadas, principalmente, con el impuesto Automotor.
En ese sentido, Gil indicó que luego de un trabajo de depuración realizado en base a datos del sistema provincial y nacional, se arribó al número de cerca de 19 mil vehículos que pertenecientes a personas con domicilio en Mendoza, están registrados en otras jurisdicciones.
Sin embargo, indicó que aún ese listado debe ser procesado porque hay ciertos detalles a tener en cuenta como para llevar adelante un plan de acción específico.
Una de esas medidas sería, por ejemplo, cotejar si el domicilio fiscal del contribuyente – que es el que está asentado en Rentas - es el mismo que el domicilio real o legal, o bien, analizar casos como el de quien alquilando su propiedad en Mendoza vive en otra provincia.
Dentro de ese abanico de posibilidades, se encuentran también las sucursales de grandes empresas que “a lo mejor tienen autos radicados acá y otros vehículos en otras jurisdicciones”. Al respecto, destacó que varias empresas de transporte principalmente, están en inspección.
También hizo referencia a los vehículos de alta gama que se encuentran bajo esta condición, sobre los que se realizaría un muestreo para luego intimar en los casos que corresponda para que demuestren la situación que acreditan.
Acompañado por otros funcionarios de de la DGR, Gil también expresó que el según padrón, se factura en la provincia por 550.000 unidades, de los cuales se cobra en el ejercicio corriente, el 60%, mientras que del 40% restante muchos entran en el recupero del año siguiente a través, por ejemplo, de los planes de pago.
Una de las alternativas que se planteó durante la reunión, fue la de no esperar al año siguiente para apelar a la vía de apremio, sino buscar que en el mismo ejercicio se tomen medidas evitando la judicialización, teniendo en cuenta que “la efectividad en el tiempo de los juzgados tributarios, es dispar”, destacaron los técnicos de Rentas.
Sobre ese punto, manifestaron que las causas en estos juzgados se acumulan por lo que en el intento de dar mayor celeridad a la resolución de los expedientes, desde la comisión promoverán una reunión con la Suprema Corte, según adelantó la diputada Morcos.
Por otra parte, Gil relató la actuación hasta el momento por los 90 estudiantes de Ciencias Económicas que fueron contratados por la Dirección para realizar inspecciones en la calle.
Puntualizó que durante la primer semana se realizaron puntos fijos, lo que implica la permanencia en el lugar hasta el horario de cierre del comercio, para al final de la jornada hacer un control de facturación. Estos controles afectaron a comercios de venta de indumentaria, siguiendo luego con el sector gastronómico.
Durante Semana Santa, los controles se efectuaron en pescaderías, chocolaterías y locales de venta de artículos regionales, en tanto que se preparan operativos similares en agencias de venta de autos usados y playas de estacionamiento.
Si bien aclaró que es prematuro hacer un balance “porque no hace un mes de la puesta en marcha” de estos operativos, aseguró que se ha observado durante el mes de marzo, tras las publicaciones periodísticas al respecto, que hubo un incremento en la recaudación y una mayor afluencia de contribuyentes que se acercaron al organismo a regularizar su situación.
Por su parte, en una segunda parte del encuentro, el director de Catastro, Gustavo Ruiz, fue consulado sobre las superficies construidas clandestinas que hay en la provincia, a lo que respondió que la información en materia catastral es muy dinámica y que se está buscando distintas alternativas para hacer el relevamiento tales como fotos o la autodeclaración.
Prensa abril 10