Se logró la restitución de derechos perdidos, quitas de hasta el 60 por ciento en el valor de las viviendas y escrituración inmediata de las unidades habitacionales.
En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados se realizó el acto público en el cual el interventor de la Cooperativa Gualcamayo designado por el INAES, Héctor Márquez dio a conocer los contenidos del Convenio, homologado por el juez
federal de San Juan, que restituye a los asociados los derechos perdidos por la secuencia de irregularidades cometidas por la entidad y que pusieron en más de una oportunidad a los adjudicatarios en situación de desalojo.La iniciativa de dar este marco a la difusión del Convenio, fue impulsada por el diputado Alejandro Viadana (PJ) y por la actual Directora de Cooperativas de la provincia y ex diputada justicialista Mireya Díaz.
Mireya Díaz fue la precursora de un proceso que se desarrolló en el transcurso de los últimos 8 años, en los cuales desde la Legislatura de Mendoza se aprobaron 7 leyes que fueron dando protección a los vecinos, frente a inminentes desalojos, expulsiones o forzamientos formalizados por la cooperativa en cuestión.
El Convenio determina las pautas a través de las cuales los asociados de la recuperadora Gualcamayo Ltda. harán frente a las deudas pendientes ,que incluye escrituración definitiva de las viviendas.
Los beneficios de la medida alcanzan en nuestra provincia a 270 familias distribuidas en los barrios Portal de Cuyo de Maipú, Casas de Villa Nueva en Guaymallén y Praderas del Trapiche en Godoy Cruz. Mientras en San Juan y Córdoba se beneficiarán 700 y 120, respectivamente.
En este sentido Márquez dijo que este logro se funda en el hecho de que “se reconoce la tarea total de la cooperativa en el manejo de toda la operatoria, que trajo como consecuencia una negociación en la que se realizó un nuevo sistema de cálculo de las deudas, lográndose quitas importantísimas de un 40 y un 60 por ciento según los casos, mas quitas adicionales por pago contado, pagando la mitad de lo que pretendían las empresas Gualcamayo y/o Suma Construcciones CRL y EDIFISA Financiera”.
Remarcó que los vecinos “No tendrán que pagar honorarios, ni costas pues serán las empresas las que deberán afrontar esos gastos pues la justicia entendió que mucho habían pagado ya los asociados a la cooperativa”.
Asimismo dijo que los adjudicatarios que tengan juicio contra las empresas y viceversa al ingresar al sistema de estos beneficios deben desistir de las acciones mutuas.
En cuanto al sistema de escrituración participarán las empresas por un lado, que son las que tienen que transmitir a título gratuito la titularidad del inmueble y por el otro, la cooperativa que escriturará al asociado el inmueble con hipoteca o no, según el caso.
Mireya Diaz al dirigirse a los asociados a Gualcamayo subrayó el respaldo legal logrado por instituciones de la democracia. “El camino fue largo pero fue posible gracias a la constancia de los legisladores mendocinos y la oportuna labor de los interventores que ganaron todos los fallos judiciales, hasta el definitivo de la Cámara Federal de Apelaciones. Esto supone que los deudores vuelven a transitar un futuro cierto y seguro hacia la tranquilidad de por fin contar con su vivienda propia honrando sus deudas pero dentro de un marco de racionalidad y justicia”, dijo la Directora de Cooperativas.
En el eje de la construcción colectiva Díaz señaló que de este modo “seguimos defendiendo el movimiento cooperativo porque con el proceder de Gualcamayo se le hace mucho mal a un sistema necesario en el mundo para que muchos puedan vivir dignamente”
Un representante de los asociados indicó que “cuando veíamos tanta impunidad en contra nuestro nos sentíamos perdidos y desamparados y hoy nos parece mentira estar viviendo este momento. Celebro en todos los sentidos el convenio y agradezco especialmente a Mireya Díaz todo lo hecho para llegar hasta aquí .Hay que mostrarle a la comunidad mendocina que con decisión y con unidad se pueden lograr los objetivos”, enfatizó.
Estaban presentes además la profesora Tatiana Musatto, subsecretaria de Asociativismo y Cooperativas, del ministerio de Agro Industria, Olga Bianchinelli, presidenta del Concejo Deliberante de Maipú, Gustavo Mulet abogado de la intervención judicial,el escribano Sebastián Mastrapasqua , Fabian Jofré y Jorge Di Giuseppe ,en representación de los asociados y los diputados Gustavo Arenas (PJ), Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro), Luis Francisco (PJ) y el senador Walter Saenz (UCR).
Prensa 16 de mayo