La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por los diputados Lucas Ilardo y Marina Femenía (FPV), que modifica el Decreto - Ley Nº 560/73, Estatuto del Empleado Público de la provincia de Mendoza, prorrogando hasta el día 28 de
febrero de 2013, la posibilidad de que los empleados públicos de Mendoza tengan por única vez, la oportunidad de sanear su situación concursal bajo apercibimiento de la aplicación de la sanción de cesantía prevista en el art. 67.A instancias de fundamentos expresados por el diputado Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro) se le agregó a la iniciativa que se suspenden, por el mismo tiempo mencionado en el artículo anterior, “el inicio de nuevos sumarios administrativos y la continuidad de los iniciados por las causas previstas en la Ley 8134”.
Una de las principales razones es que “el propio plexo normativo que regula el procedimiento legal de un concurso preventivo y falencial, surge que desde el auto de apertura de concurso, hasta la homologación del acuerdo final, transcurren necesariamente más de dos años entre trámites y plazos procesales de cumplimiento ineludible. Por lo tanto, el plazo concedido por la Ley 8.134 es de cumplimiento imposible para los agentes estatales, máxime si tenemos en cuenta que en su gran mayoría éstos devienen en quiebra, lo cual insume necesariamente un plazo igual o mayor al referido”.
Además agrega que en la práctica, resulta que la gran cantidad de agentes públicos que se encuentran en situación falencial (más de 5.000) ha provocado un colapso de los Tribunales con competencia Concursal en la Provincia de Mendoza, causando necesariamente la dilación del trámite concursal y/o falencial en el plazo citado, provocando la imposibilidad material y jurídica de que los agentes puedan sanear su situación en el tiempo y forma previstos por la ley.
El legislador manifestó además en los fundamentos que: “no es un dato menor, el grave perjuicio institucional que podría ocasionar a la provincia de Mendoza, la cesantía de más de 5000 empleados públicos, en vistas a la una nueva administración provincial”. Como así también continuó manifestando que “no debemos dejar de lado el más importante de todos los argumentos, que es la grave situación en la que se encontrarían un alto número de familias mendocinas, al quedar sin el sustento económico necesario para una vida digna, y sin uno de los derechos constitucionales más importantes consagrados en nuestra carta magna provincial y nacional, el derecho a trabajar”.
Prensa Mayo 23