La Cámara de Diputados otorgó sanción final a una iniciativa de los diputados justicialistas Fabián Miranda y Alejandro Viadana mediante la cual se crea el Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la provincia de Mendoza.
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Explica la norma que se entiende por Economía Social y Solidaria, al conjunto de recursos, actividades, instituciones y organizaciones “que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima, la apropiación y disposición de recursos, para la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo digno y responsable, cuyo sentido no es el lucro sin límites sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, y del medio ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”.
El Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la provincia de Mendoza que se aprobó, tiene como objetivos diseñar una planificación estratégica participativa a corto, mediano y largo plazo tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada de la economía social y solidaria; implementar planes de educción, capacitación y asesoramiento para mejorar los procesos de organización, producción y comercialización de sus productos y a transmitir e incorporar los principios y valores de la economía social y solidaria en la sociedad mendocina.
Asimismo, se propone favorecer los procesos productivos de las personas y organizaciones que desarrollen actividades dentro de este marco a través de una política de subsidios y financiamiento de sus actividades, y promover actividades concretas para fortalecer el circuito de comercialización e intercambio de manera tal de darle sustentabilidad; junto a la ejecución de una cuantificación de los sujetos de la Economía social y solidaria para que a través de una articulación con otros organismos, se implemente un régimen diferencial de impuestos, tasas y contribuciones.
Por otra parte, se crea el Fondo Especial de Promoción para el cumplimiento y ejecución del programa, que se constituirá por 5 millones de pesos ajustables provenientes del presupuesto provincial, autorizando las correspondientes partidas para garantizar su ejecución a partir del año 2013.
Agrega también que el 85% del Fondo Especial deberá destinarse a subsidios y microcréditos productivos y el 15% restante se aplicará al cumplimiento de los fines establecidos en la Ley.
Se afirma en el articulado que el órgano de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Provincia o la dependencia que éste determine.
Por su parte, se establece la creación del Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria, en el ámbito del ministerio antes mencionado, que tendrá diferentes atribuciones: impulsar planificación participativa y estratégica; promover una política fiscal, tributaria y previsional que procure la formalización y seguridad social de trabajadores-productores, promotores y organizaciones; relevar y sistematizar estadísticas e información del sector; entre otras.
Este Consejo estará integrado por 3 miembros representantes de organizaciones de la Economía Social, 1 miembro académico y 3 funcionarios ministeriales.
Del mismo modo, el Concejo organizará un Registro Provincial de las Unidades de la Economía Social y Solidaria para su incorporación en el régimen de Promoción. Este Registro se articulará con el de la Agricultura Familiar.
Asimismo, se promoverá la incorporación en la currícula educativa provincial de los principios y valores de la Economía Social y Solidaria así como fortalecerá los Centros Educativos de Gestión Social para profundizar dicha temática. También serán atribuciones del órgano de aplicación las acciones de asesorar en materia de procesos productivos; capacitar y asistir técnicamente a los beneficiarios del régimen de promoción; asistir financieramente con fondos propios o por vinculación con otros organismos proyectos sustentables; promover Marcas Colectivas para la comercialización de productos, etc.
En otro orden, el Ministerio de Desarrollo elaborará, coordinará y ejecutará un Plan de Acción Anual que deberá ser difundido por los medios de comunicación. Igualmente, en la Ley de Presupuesto provincial se preverán beneficios tendientes a promocionar a las unidades inscriptas en el Registro de la Economía Social y Solidaria como exenciones impositivas, exenciones o disminuciones de alícuotas en aranceles de organismos provinciales habilitantes, beneficios en el pago de impuestos de Ingresos Brutos o de Sellos, etc.
Consecuentemente, se explica en el articulado que el Gobierno de Mendoza promoverá una política de “Compre del Estado” en las distintas reparticiones para la provisión de bienes y servicios que priorice a los inscriptos en el Registro Provincial de Unidades de la Economía Social y Solidaria hasta un 10% de las adquisiciones del Estado.
En materia legislativa, establece la norma también que cada seis meses el Consejo remitirá a las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas un informe sobre subsidios y créditos otorgados, y la distribución territorial de los mismos.
Finalmente en los fundamentos, los legisladores autores sostienen que “la economía social y solidaria es una nueva economía que promueve un nuevo actor económico asociativo como sujeto de derecho, es una propuesta de construcción basada en principios de solidaridad e igualdad a la hora de relacionarnos para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”.
Agregan en ese sentido, que “al poner a la persona y al trabajo en el centro, la economía social y solidaria nos invita a creer y participar de una sociedad más justa e igualitaria”.
Se incluye así “los proyectos de miles de pequeños emprendedores que logran un sentido y mayor eficiencia al articularse de manera asociativa y enfrentar el consumo, la producción, el empleo, la vivienda, el crédito. Estos nuevos desafíos tienen que ver con emprendimientos comunitarios, redes de comercio justo, organizaciones de microcrédito, nuevas cooperativas y mutuales, asociaciones civiles, organizaciones vecinales”, “bancos populares, organizaciones campesinas e indígenas” y hasta ferias populares y clubes del trueque.
Prensa 27 de junio