Régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad

La Cámara de Diputados dio continuidad a la sesión de tablas que comenzó ayer para dar tratamiento al proyecto de ley referido al régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, e inició la ronda de consultas a representantes de instituciones relacionadas con el Derecho y a familiares de víctimas de delito, que continuará a primera hora de la tarde de hoy jueves 5, con la presencia del fiscal de federal Fernando Arcaraz.
Tal como se había previsto, el presidente de la Cámara efectuó un primer llamado a las 9 hs y, reunido el quórum necesario, la sesión dio comienzo a las 10 hs. En ese momento hicieron uso de la palabra los presidentes de los bloques justicialista, Gustavo Arenas, y radical, Néstor Parés, proponiendo una metodología de trabajo para dar lugar a las reuniones previstas con los distintos referentes convocados. Se acordó consultar a los especialistas y atender a las exposiciones pertinentes sin confrontaciones ideológicas ni políticas; por lo tanto el debate legislativo se daría posteriormente en el recinto. Los diputados Daniel Cassia (Peronismo Federal) y Luis Petri (UCR) apoyaron la moción.
A continuación, los legisladores se trasladaron al salón Azul para recibir a los invitados.
En primer lugar, expuso su posición sobre el proyecto Leopoldo Orquín, integrante de la Inspección General de Seguridad, quien consideró que la propuesta es constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que ya la Corte provincial ha emitido un fallo donde acepta la constitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, que es el que establece la prohibición de acceder a la libertad condicional por parte de los reincidentes.
Además, dijo que el Poder Legislativo es a quien le corresponde fijar la política criminal, mientras que al Judicial, salvo casos excepcionales, limitarse a aplicarla.
Desde ese punto de vista, el ex ministro de Seguridad de la provincia, afirmó que las leyes que dicta la Legislatura “tienen presunción de legitimidad”.
Advirtió también que la seguridad es un tema muy complejo como para que una sola herramienta “mueva la balanza”. Tiene “causas más profundas, pero si no vamos poniendo ladrillos, vamos por lo menos, agravando la situación”, destacó.
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento, señaló que si bien está de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley, tiene errores de técnica legislativa y en cuanto al funcionamiento de la ejecución penal.

“Destaco la iniciativa, como es el hecho de escribir un Código”, apuntó, pero agregó que “tiene errores normativos más allá de lo ideológico”, que terminan “flexibilizando” el acceso a beneficios. “Va en contramano del objetivo de la iniciativa”.
Durante su alocución, hizo una detallada crítica a casi 70 de los más de 270 artículos que forman parte del proyecto, entre las que comentó modificaciones a las infracciones disciplinarias graves, medias y leves, “no se sanciona la fuga”, y se deja de lado, por ejemplo, que para acceder a beneficios el interno forme parte de programas específicos como el que se presentará en 15 días, relacionado con los delitos o perfiles violentos.
El decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Congreso, Gustavo Castaneira de Dios, también efectuó aportes en torno al proyecto. Consideró que la ley nacional 24660, referente de la legislación provincial sobre el tema, es buena y abarcativa de toda la problemática. No obstante, Mendoza tiene capacidad jurídica y aptitud constitucional para implementar su propia legislación.
Respecto del artículo 72 del proyecto, sobre “excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba”, consideró que debería tener un mejor aprovechamiento el uso de monitoreos electrónicos para la observación de los procesados. En cuanto a las nuevas cláusulas limitativas, señaló que deberían ponderarse otras alternativas cuando los detenidos manifiestan una real transformación de su conducta. Finalmente, observó que contar con una herramienta legislativa provincial sería conveniente en cuando a poder ir adecuándola a la realidad local.
Seguidamente, por la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados intervino Giani Venier. Señaló que la Provincia, no obstante estar adherida a la ley nacional, tiene facultades reservadas para legislar según sus necesidades. Como premisa agregó que el principio de equilibrio entre libertad y seguridad debe ser respetado como derechos y la Legislatura debe responder a todos los reclamos sociales.
A continuación, ingresó a la reunión Juan Carlos Aguinaga, reconocido penalista del medio, ex legislador y ex ministro de Seguridad. Señaló que el proyecto no sería inconstitucional; que debe estar en consonancia con otras normas supra legales de carácter internacional; que no debería obviar principios básicos del Código Penal; que se debería actuar en forma más restrictiva con personal que están sometidas a prisión, se les brinda un beneficio y en ese lapso de tiempo reinciden.
Sugirió analizar el proyecto a la luz de la necesidad de mayor apoyo en aspectos materiales, financieros y de recursos humanos.
A su turno, la secretaria de Justicia, Romina Ronda, opinó que la ley nacional 24660 “es una buena ley” y agregó que la iniciativa que trataría Diputados presenta “falencias estructurales” en cuanto a la constitucionalidad y conformidad con pactos y tratados internacionales.
Sobre esto sumó que “me cuestiono si va a resultar aplicable” ya que, según la funcionaria “vamos a tener diferencias de aplicación con el fuero Federal”.
Finalmente, Romina Ronda especificó que el texto podría generar un “efecto adverso” ya que los reclamos ante organismos internacionales en base a pactos integrados a la Constitución harían, incluso, que Mendoza tuviera que indemnizar a reclusos afectados por artículos contrarios a los tratados firmados por Argentina.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini coincidió en “un ciento por ciento” con lo expresado por Ronda y agregó que “tenemos pactos internacionales que especifican la re socialización” y que el “artículo 72 (del proyecto de Petri) es contrario a los tratados”.
Para Ubaldini, si se aprobara la iniciativa propuesta por el legislador radical “sería un retroceso en políticas de Derechos Humanos”.
En tanto, Osvaldo Quiroga, padre de Matías, el joven que fue asesinado en un intento de asalto a un blindado en Godoy Cruz, expresó que hay discrecionalidad para con los delincuentes “que hoy están sueltos” porque “con certeza van a volver a matar a cualquiera de nosotros”.
“Nos siguen vendiendo el verso de la resocialización”, dijo, “y está bien, pero hagámoslo con quien es factible que sea resocializado”.
Quiroga, añadió que “a mí no me van a vender que los derechos humanos son para todos” y afirmó que “la delincuencia va a existir siempre, pero los violentos no pueden ni deben tener los mismos derechos que nosotros”.
Como representante de familiares de victimas del delito, subrayó que “el primer derecho humano es el derecho a la vida” y destacó que cuando se otorga beneficios a los delincuentes “el Estado también los abandona cuando los deja salir, los abandona a su suerte de matar o morir”.
De igual modo resaltó que “el viejo discurso de los derechos humanos hay que actualizarlo, porque nosotros también queremos derechos humanos”.
En el mismo sentido, Cristina Toledo, también representante de familiares de víctimas del delito, agregó que si los presos “comen, estudian y están bien vestidos”, “bienaventurados los que están encerrados” porque ya “nuestros hijos no tienen esas posibilidades”.
En la misma línea, el abogado Sergio Fuentes, representante legal de Quiroga, puntualizó que “pareciera que cuando hablamos de derechos humanos habláramos de una parte de la sociedad y no de toda la sociedad” y dijo que si bien este proyecto es un aporte, “no tengamos expectativas, sino hasta que todos los poderes del Estado se enfoquen en lo que tienen que enfocarse”.
Este sistema “tenemos que cambiarlo entre todos” porque “si vamos a aplaudir el discurso por lo ideológico, estamos en el peor de los escenarios y perdiendo el objetivo de lo que pretendemos lograr”.
Finalmente expuso que “acá no hay vereda de enfrente, acá tenemos que ponernos todos en fila para enfrentar el problema que tenemos”. Si el sistema funciona “de manera razonable, no pueden haber resultados tan perversos”.
A continuación, Daniel Tagarrelli, representante de los Organismos de Derechos Humanos, puntualizó en el concepto de peligrosidad que plantea el proyecto, “que pone en peligro la resocialización de los presos y retrotrae más de 30 años atrás durante la dictadura” y agregó que ellos creen que “la ley nacional es el piso para mejorar” y por que lo tanto, “los legisladores deben continuar debatiendo sobre esta temática”, profundizando y pensando en mejorar la sociedad a través de las leyes.




Prensa Julio 5