Se pusieron en consideración los proyectos de los diputados Luis Petri, Daniel Cassia y del oficialismo. La iniciativa del diputado radical obtuvo 26 votos a favor (UCR, PD, UP), 21 por la negativa (PJ, NE Y EP) y 1 abstención de Peronismo Federal.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Luis Petri (UCR), con
los aportes del Partido Demócrata, por 26 votos a favor y 21 en contra y una abstención.El texto de la media sanción prevé elevar los estándares de conducta y conceptos exigidos para avanzar en la progresividad del régimen de ejecución a la pena.
Se elimina la promoción excepcional prevista por el artículo 7 de la ley 24.660 a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos. Dicha promoción, suponía saltar fases del tratamiento y acceder rápidamente a regímenes semiabiertos regulados por la autodisciplina. Además en los supuestos de denegatoria de los beneficios, se suprime la excepción que permitía la presentación de una nueva solicitud antes del cumplimiento del plazo de 6 meses contados a partir de la denegatoria previa propuesta del Organismo Técnico Criminológico o el Equipo de Tratamiento.
No podrán otorgarse los beneficios a los condenados por: Homicidios agravados por el vinculo; Delitos contra la integridad sexual; Robo agravado; Homicidio en ocasión de robo; Tortura seguida de muerte; Robo en descampado y en banda; Secuestros extorsivos; Prostitución infantil y trata personas entre otros. Los condenados por cualquiera de los delitos enunciados, tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida.
Los beneficios comprendidos en el período de prueba tampoco se concederán a los reincidentes y a todos aquellos a los que prima facie no proceda el otorgamiento de la libertad condicional.
En el caso de la Libertad condicional, se precisa el alcance y contenido de los informes requeridos a la autoridad penitenciaria, poniendo en cabeza del Consejo Correccional y del Organismo Técnico Criminológico la elaboración de dichos informes a fin de posibilitar evaluar al juez de ejecución el otorgamiento de la medida.
Respecto a pronóstico de reinserción social, requerido a la autoridad penitenciaria para ser elevado a la consideración del juez de ejecución establecemos que el mismo deberá ser necesariamente “desfavorable” en el caso de encontrarse abierto un proceso penal en contra del interno por la comisión de nuevos delitos cometidos durante el cumplimiento de la condena, cuando manifieste conductas que permitan suponer verosímilmente que constituirá un peligro para la sociedad o en el caso de no haber alcanzado la conducta y concepto la calificación como mínimo de “buena” durante la obtención de la libertad condicional.
DEBATE
Al hacer uso de la palabra, el diputado Aldo Vinci (PD), expresó su apoyo al proyecto de Petri, aunque solicitó la incorporación de 15 modificaciones que no estaban contempladas dentro del mismo y que eran necesarias para mejorarlo.
Mencionó que las personas que han cometido delitos de homicidio agravadado por el vínculo, las agresiones sexuales; promovido o facilitado la entrada al país a menores y/o mayores de 18 años para el ejercicio de la prostitución; apropiación de menores de de 13 años, robos y asaltos en descampado y en banda; entre otros, no deberían poder acceder a las salidas transitorias. También durante el debate el diputado Vinci sostuvo que existe el compromiso con UCR para trabajar en el proyecto de Control Ciudadano, que es una especie de observatorio de la ejecución de la pena.
A continuación, Daniel Cassia (Peronismo Federal), opinó sobre el tratamiento del proyecto y la imposibilidad de tratar las tres iniciativas; presentadas por la UCR, el oficialismo y el peronismo Federal, respectivamente, en forma conjunta; ya que cada uno tiene un espíritu y modificar cualquiera de sus artículos o palabras lo cambiaría totalmente y se transformaría en un hibrido.
Sostuvo que el proyecto de su autoría “tiende a contribuir a esta oportunidad histórica para Mendoza y corregir algunas situaciones en lo que respecta al seguimiento de la pena. También queremos incorporarlo a los jueces para que se comprometan con las causas en los casos que los penados presenten indicios de peligro de fuga”.
Finalmente el diputado Cassia indicó que “se necesita inversión y no gasto para poder resocializar a los internos”.
Desde la bancada radical, el diputado Luis Petri manifestó que la provincia necesita un Código de Ejecución de la Pena porque las sentencias deben cumplirse. Agregó que el juez de ejecución penal no es el único responsable de la libertad de los presos sino que hay una concatenación de errores, lo cual indica que el sistema está fallando.
Asimismo, el legislador resaltó que se ha cuestionado el proyecto de su autoría por inconstitucional y por violar tratados internacionales (Pacto de Derechos Civiles y Políticos -1966-; Pacto de San José de Costa Rica -1969- y Reglas mínimas de tratamiento de los reclusos -1977-) a lo que argumentó que se realizan interpretaciones de los tratados por las personas y jueces, y que no se opone su proyecto a ninguno de ellos sino que depende de cómo lo analicen.
Finalmente, Luis Petri subrayó que se está tomando una decisión de política criminal, que se debe impedir que la delincuencia tome atajos en el proceso y que los jueces interpreten correctamente los tratados internacionales. Valoró el aporte del Partido Demócrata porque enriqueció el proyecto.
Por su parte el Diputado Néstor Piedrafita (NE) expresó que es preferible mejorar la legislación vigente, en relación a la Ley Nacional nº 22.660 y adhesión provincial, porque no impide ni avanza sobre las potestades provinciales.
Además consideró que no es posible tratar un Código en una breve instancia. Recordó en este sentido que su propuesta fue desde un principio tratar el proyecto en una Comisión, estudiando a fondo los diversos aspectos y realizando las convocatorias pertinentes.
El diputado aseguró no creer que mejore la seguridad provincial con esta norma. Afirmó que se le está haciendo creer a la sociedad que la seguridad tendrá un antes y después luego de aprobada la iniciativa. Justificó su argumento en estadísticas que, aseguró, mostraban un número insignificante de condenas, ante la cantidad de delitos denunciados; por lo que sostuvo que hay que trabajar más en la responsabilidad del Poder Judicial.
El diputado Gustavo Arenas explicó que el oficialismo no ha querido dilatar el debate sino que estuvieron dispuestos a dar el debate necesario para mejorar aspectos de la iniciativa. Indicó el legislador que al aprobarlo en general “no especificamos que estábamos de acuerdo” sino que “abrimos la posibilidad de debatir que Mendoza pueda tener un Código de Ejecución Penal”. Agregó que ésta no ha sido la mejor iniciativa por la cantidad de observaciones que se le realizaron. Sostuvo que el oficialismo le realizó objeciones al proyecto desde que se encontraba en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero que a su vez los integrantes del bloque han tenido libertad de acción.
En el mismo sentido subrayó que desde su bloque se hace hincapié en ciertos puntos que no dejan de ser importantes en torno a la aplicación del proyecto como es que no regiría para los que ahora se encuentran detenidos; convivirían dos regímenes, complicando las políticas y sistema penitenciario y que estaría dirigido solo a pocos casos de la población carcelaria, entre otros puntos.
Finalmente manifestó Arenas que se ponía en consideración una iniciativa desde su bloque que salvaba estos inconvenientes elaborando una norma más exigente y restrictiva que sin ser inconstitucional sería aplicable a todos los detenidos actualmente. Agregó que se proponían mayores exigencias y requisitos a los internos para poder acceder a los beneficios.
A su turno Carlos Bianchinelli (PJ), señaló que el proyecto de la UCR no cambia nada, y que a los jueces no hay que darles señales sino leyes que no dejen ninguna duda, porque ya se sabe lo que pasa cuando se transita en el medio.
El justicialista Luis Francisco remarcó que, al estar aprobado en general, se encontraban las puertas abiertas para trabajar en una comisión que abordara este código de modo integral, de incorporar las modificaciones necesarias.
Alejandro Viadana (PJ), quien preside la comisión de LAC, expresó que habia que tener en claro que al reformar el régimen de ejecución penal se puede mejorar o empeorar. Y esta última posibilidad se hace mas probable cuando se trabaja de modo improvisado. Insistió en que la propuesta del PJ era superadora y no pudo ser discutida porque no tuvo la recepción para hacerlo.
Prensa 1 de agosto