La comisión de Derechos y Garantías, que preside Fernando Barrigón (UCR), recibió a integrantes de la Inspección General de Seguridad para analizar mecanismos de trabajo conjunto de manera tal de agilizar las denuncias que se presentan
habitualmente en ese órgano legislativo, relacionadas con el accionar de policías o agentes penitenciarios.Una de las sugerencias planteadas por la titular de la IGS, Mariana Herrero, fue que más allá que la comisión remita las denuncias de este tipo a la Inspección, podría también instruirse a los denunciantes a que inmediatamente presentado el trámite en Derechos y Garantías se les aconseje hacerlo también en el organismo provincial.
La idea, según Diego Arenas y Leopoldo Orquín, directores de la IGS, es “ver un sistema que institucionalmente funcione para que ante estos casos la Inspección intervenga rápidamente”.
Asimismo, se sugirió la elaboración de una especie de protocolo de funcionamiento entre ambos y que una vez al mes, se reúnan todas las partes con los denunciantes para que éstos expongan su situación y a la vez, se de cuenta de los avances en las investigaciones. Desde la Inspección, señalaron asimismo que a fines de julio se abrió una delegación en el departamento de San Rafael para atender los casos puntuales del sur mendocino, en tanto que el próximo 22 de agosto se hará lo propio en Tunuyán, para abarcar el Valle de Uco.
Por su parte, Luis Petri (UCR) consultó sobre el estado en que se encuentran los casos de certificados de escolaridad “truchos” que habrían presentado agentes penitenciarios, sobre lo que informaron que en la Inspección hay 11 sumarios recién iniciados pero que se siguen “chequeando casos en la Dirección General de Escuelas”.
Por otra parte, los representantes de la Inspección se refirieron a casos de cesantías por abandono de trabajo por parte de penitenciarios que, o no se presentan a trabajar o bien, pretenden renunciar a sus cargos pero al no cumplimentar los trámites administrativos correspondientes terminan incurriendo en la figura de abandono de trabajo.
En ese sentido, explicaron que muchas veces – sobre todo jóvenes – se acercan al servicio penitenciario como una salida laboral pero que finalmente por distintas cuestiones, terminan incurriendo en este tipo de situaciones.
Además de Barrigón y Petri, participaron de la reunión, los diputados Norma Moreno (PJ) y Teresa Mazza (UCR).
Prensa agosto 9