La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Fernando Barrigón (UCR), y los integrantes de la Comisión de Casinos, que preside Héctor Quevedo (UCR) recibieron a la directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Nidia Martini, y demás funcionarios del área para analizar la renegociación de contratos por los tragamonedas en el Casino de Mendoza.
Durante el encuentro, Martini respondió las consultas de los legisladores que giraron en torno al proceso de renegociación del contrato con el operador de las máquinas tragamonedas y la situación actual del casino oficial respecto a los privados, entre otros aspectos.
Martini, explicó que desde que asumió en el cargo el 12 de diciembre del año pasado, “la responsabilidad que me compete como funcionaria pública es la de hacer cumplir un contrato que estaba vigente y hacer todos los actos útiles para que efectivamente se cumpla y no se perjudique al Estado y no se perjudiquen los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos”.
“Según la opinión de los asesores letrados que han participado de la revisión del contrato y de lo que se puede deducir del contrato, han pasado todos los dictámenes, incluso de Fiscalía, para decir que estaba vigente ese contrato”, añadió.
En la misma línea, sostuvo que “nosotros nos encontramos con un contrato en ejecución, con una primera etapa también que ya se había pasado del canon de 26,7 al 33% “, que ahora se encuentra en la segunda etapa, en el orden del 40,9% y que prevé un canon final del 47% para el concesionario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato.
Por su parte, el gerente de Tragamonedas, Ricardo Rodríguez, dijo que se trata del canon más bajo de los diez casinos oficiales (instalados en toda la provincia), teniendo en cuenta que en los ubicados en el Valle de Uco se paga el 50%, en la zona Sur, el 54%, y en el Este, el 49%.
Según Martini, “las cifras hoy nos demuestran que el WIN, que es la ganancia que obtiene el Estado, cada vez va en aumento. Esto hace que en un momento antes de la renegociación, el Casino del Estado, el Instituto de Juegos y Casinos, participara de una torta del total de juegos de la provincia, del 16% y hoy estamos superando el 20% de ese total, lo que hace que en el mes de agosto tengamos una proyección de más de 8 millones de pesos de ganancias”.
En igual sentido, Rodríguez expresó que en la actualidad, el Casino estatal está, en el Gran Mendoza, en segundo lugar en lo que respecta a ganancias y en el tercero en cuanto a beneficios, comparándolo con los otros cuatro casinos privados que funcionan también en el Gran Mendoza.
Además, los funcionarios destacaron que también hubo un incremento de la inversión en obras, que pasó de 3 millones de pesos que establecía el contrato original a 12 millones de pesos, con la incorporación de 237 nuevas máquinas y el acondicionamiento y reconversión de otras ya existentes. Cada máquina nueva tiene un costo de 29 mil dólares, dijeron, aclarando que si bien las máquinas son privadas, el 60% de las ganancias se quedan en el Estado.
Respecto a lo hecho por esta gestión, Martini consideró que se han realizado una serie de “actos útiles”, como por ejemplo, “al revisar el lugar donde se iban a tener que trasladar los empleados, a mí no me pareció pertinente el canon de alquiler que se estaba pagando (55 mil pesos) y por eso rescindí el contrato y porque también por la opinión de la asesoría letrada no era conveniente y porque el dinero que se debía gastar por la refacción del lugar (alrededor de un millón y medio de pesos) y el tiempo, iba a ser improcedente y la inversión muchísimo más grave para el Estado”
Los diputados que participaron de la reunión señalaron que elevarán a la justicia el expediente remitido por ATE y otros antecedentes vinculados con la renegociación de contratos por los tragamonedas en el Casino de Mendoza, para que investigue “si hubo algún delito” al respecto, según indicó el presidente de Derechos y Garantías, Fernando Barrigón .
El diputado Barrigón, consideró en tanto que la renegociación del contrato se hizo “a las apuradas, atándole las manos a la nueva administración que llega con un paquete cerrado y obligado a cumplirlo”, al tiempo que agregó que “la comisión de Derechos y Garantías va a correr vistas a la justicia para que sea la justicia la que investigue esto sobre la administración anterior, y si hubo algún delito”.
Los legisladores pidieron por otra parte, un informe por escrito sobre la media de producción diaria de un tragamonedas, en tanto que acordaron un nuevo encuentro para el próximo jueves en horario a definir.
Participaron además de la reunión, los diputados Gustavo Arenas (PJ) Héctor Quevedo (UCR ), Alejandro Limas (UCR), José Muñoz (PJ), Néstor Piedrafita (NE), Norma Moreno (PJ), Daniel Dimartino (UCR), Raúl Guerra (Eje Peronista), Evangelina Godoy (PJ), y los senadores Milagros Suárez (UCR) y Gustavo Valls (PJ Federal).
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