Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Hacienda y Presupuesto de Diputados y Senadores continuaron analizando el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que determina la autarquía del Poder Judicial, junto a Gabriela Ábalo, Jueza del 3º distrito; a Gustavo Colotto, Camarista de la 3º
Cámara Civil y a Luis Rojas, Juez de la 3º Circunscripción.Ábalo, aclaró desde un primer momento que su opinión no es representativa de la Asociación de Magistrados, y expresó que “hablar de autarquía o de autonomía en cualquier ámbito pasa por un tema económico, es decir, cuán independientes podemos ser, cuán autónomos podemos ser, si dependemos de algún otro ámbito de Poder”.
Asimismo, agregó que “si buscamos que el Poder Judicial sea independiente respecto de los otros órganos del Estado, que sea fuerte en cuanto a responder a las demandas de la sociedad, es necesario tener las herramientas económicas para poder cumplir con planificaciones, la implementación de tribunales que tengan que ver con el nuevo Código Procesal Penal y para poder cumplir con los insumos básicos para el correcto funcionamiento”.
“El Poder judicial tiene que tener recursos para poder responder, no se trata de que se desentienda de problemas económicos de la provincia, sino que tenga los recursos”, sintetizó y agregó que, en ese sentido, el Poder Judicial deberá dar respuestas a las demandas de justicia”.
Además expresó que, a su parecer, una ley no es la solución más adecuada, ya que se puede modificar y propuso que “una herramienta de un solo artículo haría más valedero y duradera la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
En el mismo sentido Colotto, se refirió al porcentaje y asignación presupuestaria y a la importancia de brindar una autonomía real en lo económico, ya que “el Poder Judicial es gastador y no generador de recursos”.
Por su parte, el presidente de la comisión de LAC de Diputados, Alejandro Viadana (PJ), expresó que “en principio todos coincidimos en que esto es un avance institucional para la provincia, donde el Poder Judicial tenga su instrumento judicial que le permita tener su propio presupuesto y manejarlo con total independencia de los otros poderes”.
Finalmente, se refirió a las dificultades del financiamiento requerido y cuales son las distintas alternativas que se presentan, que tendrán que ver “con el tipo de Poder Judicial que queremos y cuales son los fondos y los porcentajes de recursos que se necesitan”.
El proyecto
Según los fundamentos del texto, la iniciativa de Ejecutivo se propone la autarquía financiera del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, el cual tendrá la atribución de administrar sus bienes y recursos propios para elaborar su presupuesto anual, fijar sus políticas de gestión, políticas salariales, etc.
La autarquía financiera que se propone, tiene por finalidad lograr una independencia administrativa y estructural del Poder Judicial, posibilitando que el mismo planifique a mediano y largo plazo su funcionamiento en base a una asignación previsible de recursos, considerando que la ley propuesta en forma clara y precisa le otorga los activos con los que podrá contar para los ejercicios futuros.
Esta independencia se verá reflejada en la imposibilidad de que los otros Poderes fijen las políticas de administración del Poder Judicial, las cuales serán establecidas por sus autoridades siempre, obviamente, ajustándose a las legislación vigente y al procedimiento de aprobación del presupuesto que la ley y la Constitución Provincial establecen.
Desde este aspecto, la autarquía financiera es la posibilidad que la institución confeccione su propio presupuesto general, lo ejecute y lo reestructure, conforme a su política de objetivos. En pocas palabras, la importancia institucional del gobierno del Poder Judicial es paralela al valor que se atribuye al ejercicio de la función judicial.
En definitiva, el objetivo constitucional de "afianzar la justicia" exige de un Poder Judicial independiente, y la autonomía presupuestaria constituye una de las herramientas que contribuyen a asegurar esa independencia mediante la asignación de recursos propios y dejando en claro su capacidad para auto administrarse, sin requerir la venia o concurso de funcionarios de los otros poderes del Estado.
Asimismo, entre otras ventajas, se persigue una mayor eficiencia y celeridad en los procedimientos de contratación del Poder Judicial, como así también, una mejora en la capacidad de gestión autónoma, ya que son las autoridades de dicho Poder, quienes conocen las necesidades y prioridades que el mismo posee.
Prensa Octubre 1