Las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras se reunieron con el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Carlos Ordoñez, con el objeto de intercambiar opiniones y posiciones respecto del proyecto de ley de Autarquía del Poder Judicial, propuesto por el Poder Ejecutivo.
Estuvieron presentes los titulares de ambas Comisiones, diputado Alejandro Viadana (PJ) y el senador Leonardo Giacomelli (PJ). Participaron el presidente de la Cámara Baja, ing. Jorge Tanús, y la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, y legisladores de todos los bloques.
Respecto de la propuesta de autarquía financiera del Poder Judicial que significa la atribución de administrar sus bienes y recursos propios, tanto para elaborar su presupuesto anual como para fijar sus políticas de gestión y salariales, entre otras, prácticamente hay un acuerdo general político y gremial.
No obstante, Ordoñez duda de la finalidad que propicia el Ejecutivo en cuanto a lograr de la Justicia “una independencia administrativa y estructural, posibilitando que este Poder planifique a mediano y largo plazo su funcionamiento en base a una asignación previsible de sus recursos”. Señaló su preocupación, dado que la Justicia necesita una reforma en profundidad para lograr que sea menos lenta y más justa y que la ciudadanía acceda rápidamente a ella.
La preocupación central del gremialista está en orden a asegurar los recursos mínimos para avanzar paulatinamente en el mejoramiento de los servicios de Justicia. Como así también que los vaivenes en la recaudación de ingresos públicos no incidan en la continuidad de un proceso de mejoras y lograr una relación entre los salarios de los magistrados, funcionarios y trabajadores, considerando que se deben superar las asimetrías que se presentan actualmente.Ordoñez señaló que pasar de un 4% del Presupuesto provincial, a un 7,90% de los recursos del Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliarios, Impuesto Automotor y Coparticipación Federal; más la recaudación directa de algunas tasas y aranceles (propuesto por el Ejecutivo), a la vez que “es incierto el monto final, no asegura los objetivos estratégicos de la Justicia”, manifestó el gremialista.
Se comprometió a remitir por escrito un comparativo entre el Presupuesto 2012 votado para la Justicia y el ejecutado en el mismo período, para considerar las diferencias económicas. Como así también, los legisladores manifestaron que ante un supuesto déficit presupuestario se preverá la posibilidad reasignaciones de partidas para solucionar el tema.
Ordoñez se refirió también a diversos temas de fondo y cotidianos de los Tribunales provinciales.
Tanús agradeció la colaboración del sector gremial para lograr una herramienta que permita ejercer la autarquía real de ese Poder en todos sus aspectos, para que sea directa la discusión de todos los actores involucrados. Consideró un importante avance de gestión cuando el Poder en cuestión tenga decisiones autárquicas tanto en políticas internas como en discusiones salariales. Finalmente, sostuvo que se analizará también la propuesta de recaudación directa de tasas y aranceles para aprobar lo que sea más conveniente.
Prensa 19/11/12