La comisión de Economía, presidida por Alejandro Limas (UCR) junto a Labor Parlamentaria y legisladores de la Cámara Alta, dialogaron y analizaron junto al Ministro de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg; al Director de Ganadería,
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Juan Tejada y colaboradores la situación que transita la Comisión Provincial de Salud Animal de Mendoza (COPROSAMEN) y la decisión del gobierno provincial de intervenir la entidad.Al iniciarse la reunión, Marcelo Barg expresó las razones que motivaron la decisión de la intervención del COPROSAMEN entre las que mencionó las irregularidades en las barreras fronterizas en las que hubo falta de toma de muestras y análisis, por lo tanto laxitud en ellas; sin procesos de auditorías internas y controles; sin organigramas de cumplimiento de los empleados; incumplimiento en la aplicación de fondos nacionales; incumplimiento de depósito de obligaciones impositivas; despidos de personal injustificados; denuncias de maltratos de trabajadores; mal desempeño de inspectores y utilización de viáticos de manera excesiva, entre otros puntos.
Sostuvo Barg que las denuncias fueron radicadas en Fiscalía de Estado y en la Dirección de Personas Jurídicas y que se cursarán a los organismos correspondientes al momento que se crea preciso. Agregó el funcionario que se calcula que Mendoza ha tenido una pérdida de 130.000 pesos mensuales por los inconvenientes.
Al iniciarse la ronda de preguntas de los legisladores, el diputado radical Víctor Scattareggia fue quien se extendió en un análisis de lo expuesto y subrayó que varias de las denuncias realizadas no se encuentran en el decreto del gobernador por el cual se ordena la intervención. Remarcó que no se han realizado los controles correspondientes en las barreras fronterizas, que los empleados del COPROSAMEN están enmarcados en el convenio de los empleados de comercio y que algunos de ellos han mencionado que ha habido demoras en la transferencia de fondos, entre otros. También aseguró que la intención es analizar los procedimientos y actos administrativos de las acciones y si ellas son legales o no.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, ing. Jorge Tanús, invitó a los legisladores presentes, oficialistas y de la oposición, a acompañar y respaldar la decisión política del gobernador sobre la intervención y ratificar por ley o resolución esta decisión. Sostuvo que la entidad administra casi el mismo presupuesto que la Cámara de Diputados y que “la gente es buena pero si se la controla mejor”, además de que es “obligación legislativa” cambiar aspectos de esta institución.
Asimismo, Tanús reconoció que la intervención debería haberse instrumentado antes y que el decreto tendría que contener los fundamentos expuestos por el Ministro, aunque inisitió en la importancia de la presencia estatal, en la necesidad de rendirse los viáticos de manera fehaciente y en trabajar de lleno estos temas, ya que podría hacer peligrar fondos provenientes de Nación.
Desde el punto de vista de la diputada justicialista Sonia Carmona hay responsabilidades compartidas que hay que subsanar buscando no poner en riesgo la salud de los mendocinos. La legisladora comprometió la fuerza de trabajo de todos los legisladores en la búsqueda de soluciones y coincidió con las palabras expuestas por Tanús con respecto a la necesaria presencia del Estado.
Al momento de hacer uso de la palabra, el diputado radical Fernando Barrigón ponderó la exposición de su par Scattareggia y expresó que no están claras las diferencias entre lo público y lo privado. Subrayó que acuerda con la iniciativa del Presidente de la Cámara y abogó por la participación Bicameral en la comisión investigadora.
Por otro lado, el diputado Aníbal Ríos del Partido Demócrata, consultó a los funcionarios por la cadena de gestión de los fondos en la entidad, el destino de los fondos de origen estatal y quien dispone la asignación de esos recursos, entre otros. El funcionario respondió que los fondos del COPROSAMEN alcanzan los 103 millones de pesos, los cuales se distribuyen en diferentes actividades y provienen de planes sanitarios y convenios con fondos nacionales para mejoras a la ganadería.
Por último, resaltó Barg que desde el Estado se realizaron observaciones procedimentales en la fundación y que fruto de ello se contrató la realización de una auditoría de gestión y contable de profesionales de la UNCuyo.
Prensa Junio 25