La comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió a la directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, para analizar distintos casos de
violencia ocurridos en los últimos días en establecimientos educativos de la provincia, pero además, durante el encuentro se acordó consensuar un solo texto para los tres proyectos de ley existentes en la Cámara Baja, referidos a modificaciones al Código de Faltas para atender la temática.Se trata de una iniciativa del diputado Tadeo García Zalazar (UCR) – que preside la comisión de Educación -, otra de Jesús Riesco (PD), y una tercera del Poder Ejecutivo que dispone penas y multas tanto para quien cometa una agresión al personal docente y no docente con desempeño en escuelas provinciales, como para aquellos padres que de manera reiterada e injustificada, no cumplan por ejemplo, con los horarios de ingreso a clases y retiro de los menores luego de finalizado el horario escolar.
Luego de la reunión, en conferencia de prensa, García Zalazar explicó que la reunión giró en dos ejes, uno relacionado con los casos de violencia escolar – en algunos de los cuales hay secreto de sumario - y las acciones llevadas adelante por la DGE, y por otra parte, los proyectos de ley que abordan esta problemática.
“Hay tres proyectos de ley, uno del Ejecutivo, uno del Partido Demócrata del diputado Riesco, otro de la UCR de mi autoría, y trabajamos en la posibilidad de generar consensos con el Ejecutivo en la redacción de un proyecto unificado que aborde una sola modificación al Código de Faltas”, señaló el legislador.
Además, “se habló de todas las acciones que está tomando la DGE, concretamente queríamos tener información sobre la evaluación que hacía sobre el protocolo para los casos de violencia en las escuelas, y sobre todo se trabajó en algunas propuestas que también hay de distintos legisladores para generar acciones en el largo plazo, que tienen que ver con un Observatorio de la convivencia escolar y otros programas que hay para la protección del docente y las nuevas problemáticas emergentes como por ejemplo, el bullying”, explicó.
García Zalazar, dijo que “hemos visto una buena voluntad de consenso de parte de todos los partidos que integran la comisión de Educación así como del Poder Ejecutivo, en tratar de unificar estos proyectos de ley de modificación del Código de Faltas y de trabajar en dos planos: en el corto plazo, en todas las medidas que hagan a la mejora del sistema escolar y de protección del docente específicamente, revalorizando su rol, y en el mediano y largo plazo, estas herramientas que mencionaba” que hacen a la problemática global de la violencia escolar.
Por su parte, Vollmer destacó que “hemos podido tener una amplia capacidad de diálogo y de apertura, ha sito un trabajo entre todos los partidos políticos que hemos podido compartir las propuestas de los proyectos de ley en marcha como el caso de protección a los derechos de los docentes y hemos compartido lo que nosotros habíamos presentado el 26 de julio con la firma del señor gobernador, en la misma línea”.
Esta ley tiene dos finalidades, expresó, como son fortalecer la figura del docente, y la aplicación de sanciones a los padres que no cumplen con su obligación de guarda y vigilancia de sus hijos.
“Si bien estamos hablando de una minoría de padres, estamos preocupándonos porque es una situación nueva de la cual no habían casos muy frecuentes que hayan tenido la visibilidad en todos los medios de comunicación como los que se han dado ahora”, sostuvo, añadiendo que “nos preocupa que de parte de la justicia que son quienes tendrían la facultad de aplicar estas sanciones, se ponga un límite a estas conductas inapropiadas de padres que agreden a los docentes sin respetarlos por ser el profesional que enseña a sus hijos y que por lo tanto requiere de todo el reconocimiento y la valoración”.
La funcionaria aclaró en ese sentido que “la realidad nos va mostrando que hay situaciones que se agravan, que se hacen más frecuentes y entonces las normas vigentes nos resultan insatisfactorias, insuficientes. Entonces hemos conversado con los legisladores la necesidad de proponernos leyes a corto plazo y leyes de mediano plazo que nos den caminos, herramientas, protocolos jurídicos para que efectivamente todo el sistema educativo tenga un mecanismo de herramientas más pertinente”.
Por otra parte, dijo que la DGE adoptará una medida para crear asesorías jurídicas regionales, que estén accesibles para que cualquier personal docente que pueda tener una duda jurídica respecto a cómo proceder ante una situación conflictiva, tenga un abogado formado en aquellas normas básicas, como es el estatuto docente o normas de convivencia, y pueda estar en conocimiento de cuáles son los derechos que le asisten y cómo proceder.
Prensa setiembre 3