La Comisión de Obras Públicas continúa la ronda de consultas a distintos actores responsables de las instalaciones, distribución y controles del servicio de gas natural por redes. En esta oportunidad fueron c
onvocados representantes de la empresa distribuidora Gas Cuyo SA.La tarea de la Comisión fue encomendada por resolución del Cuerpo a instancias de una iniciativa presentada por el diputado radical Daniel Dimartino, tras la tragedia registrada recientemente en la ciudad de Rosario como consecuencia de una explosión por escape de gas en un edificio.
En otros encuentros estuvieron presentes miembros de ECOGAS y de la Asociación de Gasistas Matriculados. Para esta ocasión también fue invitado el delegado regional de ENERGAS, quien no asistió, pero será nuevamente convocado.
Presidió la reunión el presidente de la Comisión, Cristian González (PJ) y asistieron Daniel Dimartino (UCR) y convocante del encuentro; los justicialistas Luis Francisco y Marina Femenía; el demócrata Jesús Riesco; el radical Diego Guzmán, y la senadora Ana Coppoletta (UCR), quien manifiesta también su preocupación por el tema y comentó la tarea que al respecto se está generando en la Cámara Alta.
Todos coincidieron que la ausencia de ENERGAS, autoridad de aplicación de la normativa vigente, dejaría sin respuesta algunos interrogantes importantes dada las atribuciones que tiene sobre el tema en cuestión.
Dimartino tuvo a su cargo la introducción del tema y presentó la preocupación a simultáneo con el compromiso legislativo en el sentido de efectuar los aportes necesarios relacionados con la búsqueda de soluciones que den seguridad a la comunidad.
También se recordó ECOGAS es la licenciataria previa a la distribución del servicio y responsable de las instalaciones en la vía pública, bajo la normativa nacional vigente. Así como los gasistas matriculados, que cada año renuevan sus matrícula, son los responsables de las instalaciones en el interior de los inmuebles.
La empresa distribuidora, a través de los representantes presentes, manifestaron que tienen total predisposición para trabajar con todos los sectores involucrados para brindar el máximo de seguridad a los usuarios. Señalaron que lo sucedido en Rosario general un cambio de mentalidad en la población y tanto gasistas como propietarios deben extremar las medidas de precaución en el tema.
Añadieron que se han dirigido a los usuarios y administradores de consorcio con todas las recomendaciones posibles a la hora de mantener las instalaciones y/o agregar nuevos artefactos en las vivienda aumentando la capacidad de consumo, fundamentalmente en el caso de los edificios, sin las adecuaciones correspondientes. También han recibido reclamos o denuncias preventivas que han producido el corte del consumo hasta que se realicen las verificaciones correspondientes. Estas comunicaciones se han adjuntado a la factura del servicio para que sean consideradas por todos los ciudadanos.
Aclararon que hay edificios que no están preparados originalmente para aumentar la capacidad de consumo por tener infraestructuras vigentes durante muchos años de uso y desgaste de los materiales intervinientes en las instalaciones. En esas circunstancias consideraron como instalaciones clandestinas cuando se agregan o remplazan calefones o estufas, entre otros, de mayor potencia y la capacidad no es la adecuada.
Agregaron que el primer responsable de las instalaciones es el propietario, luego el gasista y a continuación los organismos de control de acciones de índole privada que por desconocimiento no toman los recaudos suficientes en este tema.
Todos los legisladores presentes recabaron más información sobre el tema y analizaron con los técnicos cuales serían los instrumentos más efectivos desde el punto de vista de la seguridad de la población.
Continuarán con el tratamiento del problema para lograr herramientas legislativas propicias para los objetivos mencionados.
Prensa 24/9