La subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Romina Ronda, explicó ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Alejandro Viadana (PJ), los alcances del proyecto de ley remitido por
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el Poder Ejecutivo respecto a la refuncionalización de la justicia en materia penal.La funcionaria, dijo que la iniciativa es parte del paquete de medidas acordadas en el marco de la Bicameral de Seguridad en el que también se incluyen otras iniciativas, algunas de ellas con media sanción o en debate en algunas de las Cámaras Legislativas, como el Banco de Huellas Genéticas o la Policía Judicial.
Se trata, indicó, de una “reforma orgánica” teniendo en cuenta que en la actualidad existe la misma capacidad operativa para dirigir “el proceso penal que tiene más del 80% de los hechos criminosos que se investigan en la provincia, que aquellos en materia correccional, que exceden a la demanda y que en su mayoría son casos que se resuelven antes de llegar a juicio”, manifestó.
“Es un proyecto de transformación”, sostuvo Ronda, porque de 4 juzgados correccionales se transformarán en garantías y flagrancias, en tanto que el “resto es una modificación del Código Procesal Penal y se aprovecha un artículo para establecer las competencias del juez de ejecución”.
Según establece el proyecto del Ejecutivo en los fundamentos, “luego de casi una década de implementación progresiva del Código Procesal Penal” se advierte “la necesidad de refuncionalizar la estructura orgánica de la justicia penal a fin de aprovechar de mejor manera los recursos humanos y materiales existentes en el Poder Judicial de Mendoza”.
“Se aumenta el número de decisores en los juzgados de garantías. Estos órganos jurisdiccionales cumplen una importante misión de dirección dentro del proceso penal al resguardar las garantías de las partes –ante todo del imputado y la víctima– y su incremento permitirá mejorar la capacidad operativa del sistema, acortando los plazos de la investigación preparatoria dado que, al tener una mayor estructura orgánica y de recursos humanos, podrá responder con más rapidez a ciertos actos procesales que la requieren: así, por ejemplo, el dictado de la prisión preventiva, la expedición de órdenes de allanamientos, intervenciones telefónicas, la resolución de incidencias dentro del proceso, entre otras”, expresa el texto.
“A tal fin, se prevé la fusión de la competencia ordinaria de la justicia de garantías y la correccional en un mismo órgano. De esta manera los actuales juzgados de garantías –que en la Primera Circunscripción Judicial son seis y en el Tercera Circunscripción, dos – y cuatro de los seis juzgados correccionales de la Primera Circunscripción Judicial y uno en la Tercera, pasaran a conformar los flamantes juzgados de garantías y correccionales”, añade.
Asimismo, el proyecto destaca que esta transformación “encuentra razón en el hecho de que la implementación de ciertos institutos procesales como la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado, entre otros, han aliviado notablemente las tareas de la justicia correccional. En este sentido, resulta necesario propender a su refuncionalización para así optimizar los recursos orgánicos, físicos y humanos dispuestos a tal fin”.
“Además, y al tomar en cuenta los resultados obtenidos con la implementación del procedimiento en flagrancia, se ha proyectado que dos de los actuales juzgados correccionales de la Primera Circunscripción judicial pasen a conformar el Segundo Juzgado de Garantía en flagrancia. Del mismo modo, uno de los actuales juzgados correccionales de la Tercera Circunscripción Judicial mutaría en juzgado de flagrancia, habilitando por primera vez la implementación de este fuero especial también en el Zona Este de la provincia”, puntualiza la iniciativa.
.Los legisladores presentes manifestaron en general su acuerdo con la propuesta, aunque a pedido de algunos diputados como Aldo Vinci (PD) o Víctor Scattareggia (UCR), se solicitará un informe estadístico respecto de los hechos delictivos que atienden los distintos juzgados en cuestión, el presupuesto que demandaría estas modificaciones y la opinión del Consejo de la Magistratura respecto a las compatibilidades de los jueces de garantías y correccionales en este nuevo esquema.
.Participaron además del encuentro, los diputados Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro), Mónica Zalazar (PJ), Lucas ilardo (PJ), Gustavo Arenas (PJ) y Tadeo García Zalazar (UCR).
Prensa octubre 15