Diputados introdujo modificaciones al proyecto de ley por el cual se crea el Programa de Control Integral de la Provincia de Mendoza, dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, u organismo que en el futuro lo reemplace. En consecuencia
este instrumento pasó en segunda revisión a la Cámara de Senadores. La iniciativa corresponde al senador justicialista (MC) Emir Félix.El radicalismo apoyó el proyecto y pidió que se garanticen los recursos para su funcionamiento. Los demócratas introdujeron modificaciones que fueron aceptadas, en el sentido de controlar el ingreso de trabajadores agrarios no permanentes para combatir el trabajo en negro, a través de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad.
En tanto que Daniel Cassia (Peronismo Federal) pidió al Cuerpo que se le aceptara su abstención dado que necesitaría comprobar que la operatividad del mismo sea viable.
Serán competencias exclusivas del Programa las funciones estatales que se detallan a continuación: el estudio, coordinación, fomento, ejecución y contralor de las aplicaciones de las leyes y decretos, vinculadas a todas las actividades que desarrolle el Estado provincial en los límites fronterizos provinciales, tendientes al control de bienes y personas. La coordinación y cumplimiento, en la órbita de las funciones provinciales, de las leyes nacionales tendientes al control de bienes y personas. Como así también conformar la estructura provincial capaz de absorber la descentralización operativa del mencionado Programa.
El Programa estará compuesto por representantes de las reparticiones del Estado provincial que se detallan, u organismo que en el futuro lo reemplace, más las que el Poder Ejecutivo estima que correspondan: los Ministerios de Seguridad; de Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Agroindustria y Tecnología. Como también, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN); la Dirección Provincial de Vialidad y la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad.
El Programa podrá celebrar convenios con distintos organismos públicos o privados con el fin de optimizar recursos y agilizar políticas. Los gastos que demande su implementación deberán imputarse al Presupuesto vigente.
Prensa 16/10