Las comisiones de Educación y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, recibieron a integrantes de la Junta Calificadora de Méritos y a la directora de Planificación y Monitoreo de la Calidad Educativa, María del Carmen de Pedro, con quienes se analizó la situación de los cursos ofrecidos por privados para capacitación docente.
El encuentro fue motorizado por un pedido de informes de la diputada Liliana Pérez (UCR), quien solicitaba datos respecto a los requisitos que deben cumplir las instituciones para poder ofrecer dichos cursos y el sistema de aprobación de los mismos; la regulación de los cursos en relación a la calidad y el resultado; tiempo de duración, costos y resultados educativos; tope de puntaje en cursos privados para cada docente y requisitos para acceder a los cursos, entre otros aspectos.
Desde la Junta Calificadora de Méritos de Dirección de Educación Secundaria, previamente, remitieron una nota en la que explican cuál es la función del organismo, detallando que sólo “aplica la normativa”, esto es, la resolución 930 de la Dirección General de Escuelas a través de la cual se asigna puntaje a los cursos de capacitación.
Además, detallan que no tienen incumbencia en cuanto al tiempo de duración, los costos y la acreditación de los cursos, aunque sí conforman jurados por áreas que son los encargados de “tabular los antecedentes en las áreas específicas”, aclarando que esto es así desde el año 2002. “Por lo tanto un jurado de área no puede rechazar un curso, por no considerarlo pertinente al área, ya que Dirección de Planificación de la Calidad Educativa está determinando que sí lo es”, detalla el escrito.
No obstante, en la nota presentada a la Cámara Baja hicieron hincapié en la rentabilidad que generan estos cursos y en la “gran desigualdad entre los docentes que tienen capacidad económica para comprar los paquetes de cursos que se ofertan y los que no lo tienen”.
Por otra parte, durante la reunión, los representantes de la Junta expresaron la necesidad de regular “el tema de los antecedentes” y que se pueda discutir y analizar la cuestión de los puntos otorgados por estos cursos, “para terminar con esta inequidad de que el que tiene plata accede y el que no, no puede entrar al aula” como titular.
El titular de la comisión de Educación, Tadeo García Zalazar (UCR), consultó respecto a los criterios utilizados para la tabulación, así como sobre la cantidad de horas de duración de un curso que materialmente, sería de imposible cumplimiento para el docente porque implicaría una simultaneidad con el horario de trabajo.

En el mismo sentido, las diputadas Pèrez y Beatriz Varela (UCR) también manifestaron la necesidad de establecer criterios para igualar las oportunidades de acceso a los cursos de capacitación docente.

A su turno, Lorena Saponara (FPV), presidenta de la Bicameral de Educación, sostuvo que todos están de acuerdo en la necesidad de capacitación de los docentes “pero también con regularizarlo, por lo que la propuesta – que remitió por otra parte la Junta a la Bicameral – va a ser analizada por la comisión y también con el Poder Ejecutivo”.
Posteriormente, las comisiones legislativas recibieron a la funcionaria de la DGE quien explicó la metodología de trabajo del organismo que preside. De Pedro, indicó cómo se realiza el monitoreo de las instituciones que proponen los cursos así como los requisitos que tienen en cuenta para la posterior aprobación.
Además, adelantó que se está trabajando en una modificación de la Resolución 930 del gobierno escolar, “para que diga claramente que la institución a la que se le aprueba el curso no puede celebrar convenios con otras instituciones”.
“A los funcionarios nos supera la creatividad de los actores sociales”, dijo, agregando que “la única que puede darse cuenta que un docente ha hecho distintos cursos de cien horas, es la Junta”.
En la actualidad, la actualización del bono se hace cada 4 años, se informó durante la reunión, algo que para los integrantes de la Junta, debería hacerse cada año y medio “para que la gente esté tranquila”, destacaron.

Participaron además de la reunión, el diputado Pablo Narváez (UCR), y por parte de la Junta, Francisco Fiasche, Patricia García, Patricia Saroni, Myriam Julián, Vilma Valestra, y Verónica González Ariza, entre otros.