Trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, pidieron hoy ante el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y Raúl Guerra (FPV), integrante de la comisión de Juegos de la Cámara Baja, que se rechace el proyecto de ley impulsado por el senador Gustavo Cairo (PRO), por el que se busca derogar la ley que declara de interés Social, Histórico y Cultural, el Casino de Mendoza.

Si bien la iniciativa se encuentra en el Senado, representantes del gremio UPJCM – Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza –, acompañados por el gerente de Legales del Instituto, Diego Zacca, pidieron a los diputados que adelanten “la postura que adoptarán si la iniciativa prospera”, de manera tal “de llevar tranquilidad a los trabajadores del Casino”.

El proyecto, busca derogar la Ley 8245 porque según Cairo, no hay “fundamentación que amerite haber declarado de interés social y mucho menos histórico y cultural el Casino de Mendoza y sus anexos”.

Según indicó Martín Caín, titular del gremio, la ley que pretende dejarse sin efecto “beneficia a los trabajadores y a los organismos del Estado, por lo que pedimos que se expresen para trasladar su opinión a los compañeros”, a lo que agregó que “cada vez que se logran herramientas para combatir el juego clandestino y privado, aparecen estas cosas”.

El presidente de la Cámara, Jorge Tanús, anticipó por su parte que si el proyecto pasara a Diputados “vamos a ser coherentes con lo votado en su oportunidad, para que se mantenga la declaración de interés social, cultural y patrimonial, porque tiene que ver con una defensa de los ingresos que produce el Instituto” y evitar cualquier posibilidad de que “pasara a manos privadas”.

“No vamos a cambiar nuestra opinión”, sostuvo Tanús, tras lo cual adelantó que “cuando ingrese a Diputados, se trataría pero para archivarlo. Esa es nuestra opinión”.

Asimismo, aclaró que se trata de la iniciativa de un legislador y que en todo caso, los trabajadores tendrían que pedir una audiencia con los legisladores radicales para que ellos expresen su postura al respecto.

“Tienen que tener una respuesta del radicalismo”, señaló, subrayando que no hay que olvidar que “el Estado, al intervenir en el negocio del juego, fija reglas. El juego no puede no tener una referencia estatal”.

Por su parte, Guerra, también adelantó que “nuestra postura no la vamos a cambiar porque es poner en riesgo una fuente genuina de ingresos para el Estado, por lo que significa para los planes que se sostienen a través de estos recursos”.