La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Silvia Ramos (FPV), por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017 la imposibilidad de ejecución de sentencias contra puesteros.

Se trata de una modificación del artículo 1° de la Ley 8621, que establecía como plazo para tal suspensión el 31 de diciembre de este año, con lo cual, con la nueva redacción, se dispone ampliar “hasta el 31 de diciembre de 2.017 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia”.

Ramos explica al respecto que la Ley 6.086, “comúnmente denominada “Ley de Arraigo de Puesteros” estableció, respecto de los alcanzados por los beneficios en ella dispuestos, la puesta en vigencia de una real política de Estado que instituye disposiciones de carácter social, económico y también ambiental”.

Esta norma entre otros fines, “particularizó mantener una precisa protección para evitar la erradicación de la población rural dispersa que desarrolla, en sus afincamientos alejados de los centros urbanos, actividades pecuarias y artesanales, con el fin de evitar que se los obligue al abandono de las mismas en forma coercitiva, preservando sus derechos, cultura y forma de vida”, añade en la fundamentación.

“Con el transcurso del tiempo y a través de la aplicación de los instrumentos de la ley se han ido otorgando titularidades que los afincan definitivamente, por lo que, sostener la vigencia del art. 39 de la ley 6.086, que impide la ejecución de sentencias en su contra, asegurando su permanencia, se ha constituido en la forma regular de sostener la política sancionada originalmente”, subrayó.