La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el cual se crean en la segunda y cuarta circunscripción judicial, Comisarías de la Mujer, con la finalidad de atender la problemática de violencia de género.

La iniciativa del senador Samuel Barcudi (FPV), establece que “sin perjuicio de las funciones específicas que le asigne el Poder Ejecutivo”, tendrá por objeto “la atención especializada, profesionalizada y direccionada de las problemáticas derivadas por denuncias a la violación de las normas vigentes, y que se dicten en el futuro, en materia de violencia de género y discriminación de la mujer”.

Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, las Comisarías de la Mujer serán una dependencia de la Policía de Mendoza, en tanto que por su intermedio, el Poder Ejecutivo deberá garantizar que, “en cada uno de los departamentos” de esas circunscripciones – zona sur y Valle de Uco -, “funcione, como mínimo, una Comisaría de la Mujer, número que podrá variar en más”, teniendo en cuenta las necesidades operativas de cada uno de ellos.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar y poner en vigencia operativa la presente ley, “atribución que deberá ejecutar en un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de su sanción”.

Dicha reglamentación deberá atender, especialmente, “sin perjuicio de aspectos funcionales, operativos y presupuestarios, el funcionamiento de la Comisaría de la Mujer en espacios físicos independientes de las comisarías locales, con personal femenino capacitado profesionalmente para el abordaje de las problemáticas que, en sus aspectos policiales, tutelares, judiciales, sociales y médicos, se presenten en el marco de denuncias por violación a las normas de violencia de género y discriminación de la mujer”, dice el texto.

Según señala Barcudi en los fundamentos de su propuesta, “en los últimos años en el país y el mundo, se vienen mejorando las herramientas y métodos para lograr calidad y alivio en la vida de las personas”, y “la violencia de género es una de las problemáticas que, por ir en aumento y por derecho y clamor de la sociedad, ha logrado luego de diagnósticos contundentes, que se aprueben e impulsen normas y políticas de prevención y castigo para quienes la cometen”.

“Las transformaciones han logrado una mejora de las mujeres en todos los órdenes de la vida, pero aún falta lograr otros objetivos”, manifiesta.

Añade al respecto que “la sanción de la ley 26.485 y un conjunto importante de normas en ese sentido, ha implicado un cambio en el abordaje de la temática de la violencia de género, obligando a los diferentes engranajes que se ponen en funcionamiento a partir de una denuncia, a tratar el tema desde una perspectiva absolutamente más amplia”.

Lo dispuesto por esa normativa, “pone al Estado, ya no sólo en la responsabilidad de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que, además, le son arrogados los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia”.

Finalmente, destaca que por tales motivos, “entendemos necesario que el Estado Provincial, a partir de la sanción de la presente norma que proponemos, siga poniéndose al frente de políticas dirigidas a enfrentar directamente problemáticas como la que abarca este proyecto”.