La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de ley, iniciativa del diputado Omar Sorroche (UCR), que crea una Defensoría de Pobres y Ausentes con competencia en materia civil y una Codefensoría de Familia con competencia en materia de familia en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial, ambas con asiento en la ciudad de San Carlos, departamento del mismo nombre. Estas dependencias tendrán actuación ante los Juzgados de Paz Letrado existentes en el departamento San Carlos en las materias de su competencia.

La iniciativa establece que ambas oficinas tendrán la misma cantidad de funcionarios y personal que disponen las demás Defensorías de Pobres y Ausentes y Codefensorías de Familia que actúan en los ámbitos de las demás circunscripciones judiciales de la Provincia, estando sometida al mismo sistema de funcionamiento operativo, subrogancias, remoción, integración, jurisdicción y competencia, conforme lo establecido en las leyes 6.354 y 8.008.

Además, en caso de inhibición o recusación del Defensor de Pobres y Ausentes en materia civil, corresponderá entender al Defensor de Pobres y Ausentes de la Cuarta Circunscripción Judicial que por sorteo se determine.

De igual manera se procederá en caso de inhibición o recusación del Codefensor de Familia.

Cuando por disposiciones legales sea necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en las causas radicadas en alguno de los Juzgados de Paz Letrado del departamento de San Carlos, la misma se efectuará por intermedio de la Defensoría de Pobres y Ausentes o la Codefensoría de Familia, según sea el ámbito de su competencia.

A partir de la puesta en funcionamiento de las dependencias creadas por esta ley, las Defensorías de Pobres y Ausentes y Codefensorías de Familia existentes en la Cuarta Circunscripción Judicial, dejarán de entender en aquellas causas cuya intervención corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes o Codefensoría de Familia que se crearán.

Finalmente, la iniciativa propone que los recursos para dar cumplimiento a lo establecido se deberán extraer de Rentas Generales, y en el futuro se incluirán en el Presupuesto General de la Provincia, asignándoselos al Poder Judicial.